Persiguen a una fiscal por no prestarse a intereses ilícitos

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DI17F1SABCon la complicidad del fiscal Alfredo Ramos Manzur, un grupo de abogados con influencia política persigue inmiserdicordemente a la fiscal Karina Caballero, por no responder a sus intereses ilícitos. Caballero fue acusada por desacato, y Ramos Manzur dilata la desestimación de la denuncia falsa.
En abril pasado, Juan Dielma denunció ilegalmente a la fiscal Caballero por supuestamente desobecer una orden judicial. Los abogados de Dielma son: Orlando Paiva, diputado suplente de Carlos Portillo (PLRA), y Alejo García, vinculado al zacariísmo.
La ley N° 4.711 faculta solo a los jueces para denunciar los casos de desacato. La denuncia falsa está en la unidad fiscal N° 10, de Alfredo Ramos Manzur, quien en vez de desestimar rápidamente la causa, ahora enviará el expediente a la Fiscalía General del Estado para pedir un “parecer” del Gabinete Jurídico del Ministerio Público.
Juan Dielma es el presidente de un grupo de sintierras que fue expulsado de un inmueble ubicado en el barrio Don Bosco de Ciudad del Este, perteneciente a Tajy Ingeniería S.A., en marzo pasado, tras la denuncia de invasión presentada ante el Ministerio Público.
Dielma con apoyo de los abogados Paiva y García pretendió apoderarse ilícitamente del inmueble privado, para destinar a unas 180 familias de sintechos.
Los dueños de la finca paralelamente iniciaron un juicio civil de desalojo: la juez Victoriana Cáceres otorgó a favor de los demandantes una prohibición de no innovar, que no fue inscripta en el Registro Público.
La fiscal Caballero había providenciado las documentaciones para la expulsión de los invasores. Pero el operativo fue efectuado por el fiscal Marcelo Salvídar, con autorización del entonces juez penal de Garantías, Raúl Insaurralde; en ese momento Caballero estaba recusada y su firma no consta en el acta del procedimiento.
Dielma acusó a la fiscal Caballero por supuestamente “incumplir” la orden de la juez Cáceres. Sin embargo, el desacato no existió y por esa razón la juez Cáceres no denunció; y si eventualmente existiere, los responsables serían Raúl Insaurralde y Marcelo Saldívar.

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