Estado autoritario

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En agosto del 2014 la entonces, ministra de Justicia y Trabajo Sheila Abed finalmente dispuso el cierre temporal de la Cárcel Regional de Varones de Ciudad del Este debido a problemas estructurales y la superpoblación de internos. Entonces la población del penal era de 1.385 reclusos, cuando que su capacidad real es para apenas 450 internos. Solo hace una semana el interventor de la cárcel regional pegaba el grito al cielo en la Junta Departamental describiendo la precariedad del penal, donde los internos duermen a la intemperie y en celdas preparadas para tres reclusos están hacinados hasta 12 personas, se quejaba el interventor, Cristian González.
En febrero de este año se volvió a disponer el cierre temporal. En ese momento la población de la cárcel regional era de 1.200. En la actualidad se estima que la población es de 1.070 reclusos. Lo que da a entender que no hubo mucha variación respecto a la cantidad de presos que están dentro de la cárcel regional.
En abril de este año fue detenido un contador acusado de lo que se llegó a denominar “la mega evasión”, en ese momento la cárcel regional también estaba clausurada y el detenido estuvo más de dos semanas recluido en dependencia del departamento de Delitos Económicos de la policía, hasta que finalmente, y debido a la presión de la opinión pública fue trasladado al penal de Coronel Oviedo.
El pasado jueves fue detenido en J. Eulogio Estigarribia, departamento de Caaguazú, el abogado Paraguayo Cubas, quien ya venía protagonizando una serie de manifestaciones con diversos grados de incidentes, reclamando que la justicia investigue las denuncias de negociados con la merienda escolar, y la muerte de la niña Sara Amapola Insfrán, casos que afectan a la intendente Sandra McLeod y al gobernador Justo Zacarías Irún.
Las actuaciones de la policía, la Fiscalía y la misma justicia en el caso de Cubas y sus compañeros Celso Miranda y Jorge Brítez, se constituyeron en una grosera demostración de abuso, arbitrariedad y persecución, dado que el haber pintarrajeado una oficina de la Fiscalía, no constituía ningún delito penal. Para ordenar la detención de los mismos, la Fiscalía apeló a una ley derogada y recurrió al rebuscado concepto de “daños a cosas de interés común”. Para el traslado de los presos se dispuso de una aparatosidad policial casi nunca vista en Ciudad del Este y cuando se realizó la audiencia, la Fiscalía fue clausurada.
Coincidentemente, el pasado jueves, el mismo día en que Paraguayo Cubas fue detenido, el ministro de Justicia y Trabajo, Ever Martínez, dispuso la habilitación de la Cárcel Regional para recibir presos. Apenas tres días después de que el interventor haya advertido del peligro de una fuga masiva por la precariedad de la penitenciaría. La sumatoria de los hechos, es la muestra clara de que el objetivo era meter a Cubas en la cárcel de Ciudad del Este. Al mismo tiempo se dispuso que Jorge Brítez y el concejal Miranda guarden arresto domiciliario.
Se puede cuestionar los métodos de manifestación a los que apelan estos ciudadanos. Pero los mismos recurrieron a métodos extremos, porque las instituciones están manejadas por un grupo de amigos, que ignoran y pisotean la legalidad, preparando el camino para la impunidad para graves denuncias.
El comisionado de Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP), abogado Roque Orrego advirtió que apelar al poder punitivo para cercenar el derecho a la protesta es la construcción de un Estado autoritario. El mensaje es más que claro, suficiente motivo para alarmarse.

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