Impunidad

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Nuestro diario publicó ayer el caso de una asistente fiscal que en el año 2008 había sido detenida y procesada por coima, extorsión, producción de documento público de contenido falso y usurpación de funciones públicas. Según los antecedentes la funcionaria, con otros cómplices fabricaron una carpeta de investigación para chantajear con 20.000 dólares a directivos de una empresa.

Un operativo fue encabezado por el entonces fiscal de Marcas, Eduardo Cazenave, llevó a la detención de la funcionaria. A pesar del grave caso de corrupción, la asistente fiscal nunca fue desvinculada del Ministerio Público y actualmente cumple funciones en el departamento de Control de Gestión de Audiencias y Juicios Orales, dependiente de la Fiscalía Adjunta. Es decir, trabaja directamente con el fiscal adjunto Alejo Vera. Este último cuando fue consultado sobre los antecedentes de la funcionaria, se excusó señalando que sucedió durante otra administración.

Es el mismo ministerio público, que ordenó la detención de tres ciudadanos, por manifestarse en la oficina de dos cuestionados fiscales. Es el mismo ministerio público donde se redactó un acta de imputación llena de errores gramaticales, basada en una ley derogada, e inclusive errores conceptuales, al solicitar “la obligación de salir del país” para los imputados. Un escrito, que antes que mover la risa y la burla, da como para llorar por tener semejantes funcionarios, que además de mediocres son sospechosos de corrupción y tienen todavía el tupé de perseguir a ciudadanos que le reclaman eficiencia y honestidad.

“El Ministerio Público es un órgano con autonomía funcional y administrativa, que representa a la sociedad ante los órganos jurisdiccionales para velar por el respeto de los derechos y de las garantías constitucionales; promover la acción penal pública en defensa del patrimonio público y social, del medio ambiente y de otros intereses difusos y de los derechos de los pueblos indígenas, y ejercer la acción penal en los casos en que para iniciarla o proseguirla no fuese necesaria instancia de parte”, dice en su artículo 1 la Ley Orgánica del Ministerio Público.

Aquí cabe la pregunta, representan realmente estos funcionarios a la sociedad altoparanaense? ¿Puede sentirse la sociedad representada por estos funcionarios? ¿Saben acaso estos hombres y mujeres que su obligación es velar por el respeto de los derechos y garantías constitucionales, cuando que ellos son los primeros violadores de esos derechos? ¿Qué méritos o logros por ejemplo, puede exhibir la fiscalía de Ciudad del Este, ante la sociedad esteña, a la cual supuestamente representa, en el combate la corrupción y la defensa del patrimonio público?

Lamentablemente la institución está en manos de personas, que responden a una claque y que pueden pasar por alto y pisotear todas las leyes, para proteger intereses, garantizar la impunidad de los amigos. Cientos de casos mueren así y quedan impunes, porque los fiscales no mueven los expedientes y esperan que fenezcan los plazos. Vergonzoso.

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