Poder Judicial dio impunidad a funcionaria detenida por coima

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Copia de DI07F3MARTEl Poder Judicial brindó impunidad a la asistente fiscal Aida Celeste Sánchez Ríos que fue presa y procesada por extorsión, producción de documento público de contenido falso, usurpación de funciones públicas y coima de 20.000 dólares. La “negligencia judicial” también benefició a otros 3 implicados en los ilícitos.
A principios de 2008, Sánchez Ríos, el entonces secretario fiscal Alfredo González, el abogado Aldo Insfrán y el contador Nimio Rubén Medina fueron imputados, tras inventar una causa penal en el Ministerio Público para extorsionar 20.000 dólares a directivos de la empresa Máster Informática.
No había duda de la participación en los ilícitos del contador y del abogado, ya que fueron detenidos durante la entrega vigilada en el microcentro de Ciudad del Este, el 23 de enero de 2008. En tanto, Sánchez Ríos firmó varias “actuaciones” de la falsa carpeta fiscal, según certifica el perito de la Corte Suprema de Justicia, Pedro Figueredo, cuyo dictamen se ofreció como prueba para el juicio oral.
Por A.I. N°  920/09, de fecha 29 de julio de 2009, el entonces juez penal de Garantías, Adolfo Genes elevó la causa a juicio oral. La defensa de los procesados había planteado el sobreseimiento definitivo, pero fue rechazado por el juez Genes.
Sin embargo, la defensa apeló el A.I. N° 920/09 a pesar de que está prohíbido por el artículo 461 del código procesal penal: ahí empezó el camino de la impunidad.
La causa N° 513/08 fue derivada a la Cámara de Apelaciones Primera Sala de Ciudad del Este. La defensa recurrió a una serie de chicanas, incluso ante la Corte, con la finalidad de evitar el juicio oral.
Lo llamativo es que el caso quedó encajonado desde finales de 2009 hasta el 2013. Recién en 2014 los camaristas Marta Acosta, Guido Melgarejo y Óscar López, por A.I. N° 91/14, rechazaron la apelación interpuesta por la defensa de los procesados.
El 25 de febrero de 2015, por sentencia definitiva N° 3, el juez Silvio Rojas decreta la extinción de la acción penal, antes que se realice el juicio oral. Evidentemente, los sospechosos quedaron desvinculados del proceso no porque se demostró su inocencia o se dudó de su responsabilidad, sino porque extinguieron la causa.
El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados debería abrir de oficio una investigación en la causa N° 513/09 y sancionar a los jueces que permitieron la impunidad.

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