Consejeros ya cobraron más de G. 130 millones sin sesionar

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Osvaldo Enrique González Ferreira, presidente del Consejo.
Osvaldo Enrique González Ferreira, presidente del Consejo.

Cuatro miembros del Consejo de la Magistratura, quienes perciben salarios exclusivamente por integrar la referida institución, ya cobraron más de G. 130 millones cada uno, en los últimos cuatro meses. El problema es que durante ese período los consejeros no se reunieron para sesionar y paralizaron la institución pública que tiene 84 funcionarios y 26 contratados.

El presidente del Consejo de la Magistratura, Osvaldo Enrique González Ferreira, según documentos oficiales de la entidad, cobró G. 140.651.920 en los últimos cuatro meses. Mientras, el vicepresidente del Consejo, Juan Ramón Bueno Jara, percibió G. 137.887.360 en el mismo período.
En tanto, Cristhian Daniel Kriskovich De Vargas y Adrián Salas Coronel cobraron G. 133.347.360 desde julio a octubre pasados.
González Ferreira representa las universidades nacionales en el Consejo; Kriskovich De Vargas a las universidades privadas; Salas Coronel y Bueno Jara a los gremios de abogados. Además, integran  Carlos Raúl Cabrera, quien representa al Poder Ejecutivo; el diputado colorado Julio Javier Ríos a la Cámara Baja; un miembro de la Corte Suprema de Justicia y otro de la Cámara de Senadores.
Los miembros del Consejo de la Magistratura dejaron de sesionar desde julio pasado, después de que una mayoría de sus integrantes optara por no hacer quórum hasta que el Tribunal de Cuentas resuelva una acción judicial planteada contra la designación del senador disidente Enrique Bacchetta (ANR), en representación de la Cámara Baja.
En la víspera, precisamente el Tribunal de Cuentas, conformado por los camaristas Nery Villalba, Eusebio Melgarejo Coronel y Antonia López de Gómez, dejaron sin efecto la designación de Bacchetta. Los magistrados entendieron que el senador no puede asumir tres veces el mismo cargo, en consideración a que se mantuvo en dos períodos como representante de gremios de abogados y la ley 296/95 prohíbe un tercer mandato.

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