Dilapidación de bienes públicos

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La dirección Nacional de Contrataciones Públicas constató una serie de irregularidades cometidas durante la administración de los intendentes Alcides Fernández y Abrahan Alegre, en Presidente Franco. Uno de los casos más llamativos es el que se refiere a la construcción de un alcantarillado, en el barrio San Antonio. Las firmas RB Constructora, de Rossana Bogado y a O&S Servicios y Construcciones, de Omar Santacruz, recibieron desembolsos de G. 131 millones cada una, para la construcción de una obra, pero el trabajo nunca se hizo.
La obra fue adjudicada a ambas empresas durante la administración de Alcides Fernández, pero el contrato se firmó durante la gestión de Alegre. Este último rubricó los cheques de pago por el trabajo el 17 de setiembre, pese a que aún ni siquiera se había iniciado los trabajos. A cada constructora se entregó un cheque por el valor de G. 131.670.000.
En el lugar donde debía de haberse construido el alcantarillado por el cual se pagó dos veces, no se observa ninguna mejora. Un montículo de piedras de empedrados se arrojó en la calle que es intransitable debido a que por allí cruza el cauce de un arroyo. Está convertido en un minivertedero y se observa un denso yuyal.
La denuncia es de extrema gravedad y merece ser investigado penalmente para que los administradores respondan con sus bienes por la defraudación de los recursos de la Municipalidad de Presidente Franco, de comprobarse que son ciertas. Este caso viene a sumarse otra serie de irregularidades durante la gestión de ambos intendentes y que ya habían sido denunciados ante la fiscalía. La investigación fiscal del caso está a cargo de Hugo Vázquez, sin embargo, a pesar de la gravedad de las denuncias y de los sucesivos reclamos de los concejales, organizaciones ciudadanas y publicaciones periodísticas, el agente fiscal sigue dilatando y la investigación sigue sin registrar ningún avance.
El grave problema de la corrupción en el país no es la corrupción en si misma, sino la terrible impunidad. Ladrones públicos hay en todas partes, pero lo que alienta que se sigan dilapidando el dinero de los contribuyentes en forma grosera y descarada es la impunidad, alentada por fiscales tan corruptos, como los denunciados, que se convierten en cómplices antes que ser representantes de la ciudadanía.

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