Frustran pedido de denuncia contra yerno de Aguinagalde

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En una presurosa sesión que duró apenas 20 minutos, la Junta Departamental rechazó el pedido del Concejal Miguel Martínez de realizar una denuncia ante la Fiscalía de Delitos económicos.  Es con relación al informe de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), que detectó irregularidades en la adjudicación de la Merienda Escolar en la provisión de alimentos sólidos, a la empresa ECO Service. El rechazo fue por 13 votos oficialistas contra 5 opositores.

Sesión de la Junta departamental de Alto Paraná.
Sesión de la Junta departamental de Alto Paraná.

La firma en cuestión es propiedad de Luis Miguel Martínez, yerno de la concejal municipal de Ciudad del Este, Lilian González (ANR) y el senador Nelson Aguinagalde (ANR). La empresa no cuenta con experiencia en el ramo, por lo que violó el pliego de bases y condiciones y no era fabricante de los alimentos, los números de teléfonos y direcciones legales no existían en los lugares señalados, según había concluido la DNCP.
También en la sesión de ayer, los concejales departamentales aprobaron por mayoría absoluta la Resolución 001/2017, por la cual modifica y amplia el Artículo 18 del Reglamento Interno de la Junta Departamental, presentada por el concejal oficialista Edgar Florentín, observando la experiencia de la situación de la Gobernación del Guairá, de tal forma que no llegue a ocurrir lo mismo en el Alto Paraná.
El proyectista, indicó que de ahora en más y con la ampliación del artículo 18, en caso de exclusión, renuncia o inhabilidad, muerte o permiso temporal de un concejal ya incorporado, le sustituirá su suplente que figure en el orden de precedencia en la lista proclamada del partido o movimiento al cual pertenece.
En caso de renuncia del gobernador, o de uno de los concejales departamentales, previsto en los artículos 13 y 14 de la ley Orgánica Departamental 426/94, se procederá previamente a la intimación notarial al renunciante, a los efectos de ratificarse o no de tal decisión.
Florentín indicó que todo esto es por temor a que ocurra lo mismo que ocurrió en la gobernación del Guairá. “Si esto ocurrió en una gobernación amiga, puede ocurrir en cualquier parte y para ello hemos precautelado que se reglamente”, argumentó.

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