La propia Corte Suprema de Justicia propicia la incertidumbre judicial

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Pereira sigue siendo un gremialista activo y es además docente universitario
Pereira sigue siendo un gremialista activo y es además docente universitario

Las resoluciones judiciales contradictorias generan varias consecuencias negativas, pues ocasionan incertidumbre y atenta contra la garantía judicial. La acusación por la Ley 323/55, de Garantías de Fueros pone nuevamente al tapete el debate, pues por algunos es considerada una norma derogada, pero para otros sigue vigente. La falta de criterio en este caso, proviene de los mismos jueces y fiscales. Para el abogado Pedro Eladio Pereira, con 43 años de trayectoria en la profesión, la falta de criterio común proviene de la misma Corte Suprema y genera la falta de seguridad jurídica.

¿Cuál es opinión sobre la ley de Garantías de Fueros por la cual fueron acusadas tres personas recientemente?
Desde el punto de vista estrictamente profesional y técnico opino que se trata de una norma derogada hace muchísimo tiempo y en numerosas ocasiones. Se trata de una ley especial dictada en el año 1955, aprobada por medio de un decreto ley que después fue aprobado por el Congreso en la época del gobierno del general Stroessner. Sirvió durante muchos años hasta que se cambió la Constitución Nacional, en 1967 y en esa constitución no existía mucha figura que eran destinatarios de esta ley de fuero, como los miembros de Consejo de Estado, un órgano ya desparecido. Luego se sancionó el nuevo sistema penal que estableció normas que aluden al mismo tema. Significa que automáticamente quedan derogadas las normas anteriores que traten sobre la misma cuestión. Además, se sancionó la nueva Constitución de 1992, que establece normativas relacionadas también a fueros. Es una ley ya complementare anacrónica, que no tiene vigencia.
¿Los argumentos de su vigencia, no son válidos?
Los que sostienen su vigencia se basan en un compendio de leyes penales especiales que fue publicado por la Corte Suprema de Justicia, en el cual figura todavía la ley 323 como una de las leyes vigentes. Si bien, fue una publicación de la Corte, no se trata de un dictamen o de una resolución judicial de la Corte en tal carácter. Para mí no tiene ningún valor jurídico. La conclusión mayoritariamente aceptada es que esa ley 323 es una ley derogada.

Algunos la comparan con la Ley 1.340 de drogas, que sigue vigente. ¿Qué dice sobre ese argumento?
Se trata de una cuestión sobre la cual no se dictaron otras normas. Sin embargo, quiero creer que esa ley 1.340 también tiene una vigencia bastante discutible.

Esa misma ley fue considerada derogada por una juez pero luego fue admitida como válida por un tribunal. También hay dictamen del Congreso que señalan que es derogada. ¿Es normal tanta disparidad de criterios?.
Eso ocurre porque nuestro Poder Judicial mismo está bastante inficionado de valores que no están a la altura del cumplimiento de su elevada función. En nuestro país solamente ocurre que para establecer un criterio definitivo se debe dictar otra ley. Ocurrió por ejemplo con la feria judicial, no se sabía si se computa o no para casos de caducidad de instancia, en el fuero civil. Hubo disposiciones judiciales y sentencias de la propia Corte Suprema de Justicia, compuesta por los mismos ministros, quienes en una resolución dijeron que sí y en otra dijeron que no. La justicia se maneja de acuerdo a la cara del cliente. No puede ser que desde el punto de vista técnico, juristas que componen un órgano judicial un día digan que sí y otro día que no, sin establecer razones válidas para eso.

¿Qué tan perjudicial es esta situación para el sistema judicial?

Perjudica mucho porque no hay certeza. No hay seguridad jurídica. La Corte Suprema de Justicia es el órgano que tiene que poner fin a ese tipo de controversias absurdas y establecer precedentes que sirvan de jurisprudencia y de orientación para los jueces, tribunales y juzgados inferiores. Eso no ocurre porque la misma Corte es la que un día dice una cosa y otro día otra cosa. Hay una total incertidumbre respecto a la aplicación de las leyes.

¿Qué se puede hacer para superar esta falencia?
Si en un organismo, la propia cabeza no funciona es presumible que las demás partes tampoco funcionen adecuadamente. La Corte debe estar nuevamente integrada por verdaderos juristas, gente que responda y cumpla su función como juristas y no adicto a uno u otro grupo político que es lo que corre en este país, en detrimento de la verdadera justicia.