El dilema de la fiscalía

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Con una celeridad pocas veces vista, la fiscalía imputó a 21 personas por el atropello e incendio del edificio del Congreso. La fiscalía no solamente proporcionó los nombres y números de cédulas de los imputados, sino que divulgó un video en donde se pueden observar las acciones de algunos en los hechos vandálicos, en tanto que a otros de los que integran la lista no se los ve realizando alguna acción, más que estar presentes en medio del desastre. El llamativo e improcedentes que la fiscalía divulgue un video de esta naturaleza, a través de la cuenta oficial del Ministerio Público, exponiendo a los imputados y buscando ya la condena de la opinión pública, cuando que su función es demostrar en juicio la responsabilidad de los imputados.
No termina de ser sorprendente esta actuación si consideramos que los principales imputados son dirigentes opositores conocidos por sus críticas al gobierno de Horacio Cartes. Se sabe de la escasa institucionalidad del Ministerio Público, que desde sus orígenes siempre fue utilizado como un garrote político y lo sigue siendo hasta ahora. Estas actuaciones direccionadas, cómplices y encubridoras de hechos delictivos, peligrosamente van minando la credibilidad de la fiscalía y la justicia.
En otro hecho de igual o mayor gravedad como el atraco al local del principal partido de oposición por la policía, que derivó en el asesinato de un joven dirigente liberal, la fiscalía no demuestra tanta diligencia ni rapidez. Fueron los medios de comunicación quienes se encargaron de desenmascarar la burda versión que pretendió instalar el gobierno de Horacio Cartes, a través de los voceros de la policía. Hasta ahora solo hay un suboficial imputado y a medida que avanzan los días, los documentos y grabaciones van demostrando que fue un ataque coordinado y planificados. Entonces, ¿por qué la fiscalía hasta ahora no imputó a quienes estuvieron detrás del criminal atraco?
Una vez más, en estos dos hechos se demuestra la absoluta parcialidad de la fiscalía en las investigaciones que caen en su jurisdicción. Aquí en Ciudad del Este hemos tenido el caso de Paraguayo Cubas, Celso Miranda y Jorge Brítez quienes por protestar por la impunidad de la muerte de la niña Sara Amapola Insfrán, estuvieron presos varios días. Sin embargo, los principales responsables de la muerte de la niña quedaron impunes, y están libres.
La ciudadanía está despierta y movilizada, está cansada de los funcionarios públicos que siguen subestimando a la población. Es de esperar que en esta ocasión, tratándose de hechos de suma gravedad, los agentes del Ministerio Público y la justicia actúen con la debida rigurosidad, en la búsqueda de la verdad y que no sean nuevamente utilizados como garrote de los políticos para perseguir a los opositores. Sería un grave retroceso y lo único que lograría es enardecer una vez más la furia de la población.

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