McLeod fue más allá de la orden judicial y anuló decisiones de la Junta

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La intendente de Ciudad del Este, Sandra McLeod de Zacarías (ANR), busca imponer millonarias y sugestivas adjudicaciones con la anulación de varias sesiones de la Junta Municipal. La intendente ya dio por anulada no solo lo resuelto en las tres sesiones objetos de un juicio de amparo, sino también de otras fechas, no incluidas en la orden judicial, según comunicó al legislativo, en la sesión del martes pasado.

Sandra McLeod de Zacarías, intendente.

McLeod había promovido un juicio de amparo para dejar sin efecto las resoluciones de las sesiones de las fechas, 24 y 31 de julio, además de fecha 4 de agosto de este año.
Durante las citadas sesiones, la jefa comunal sufrió varios reveses al no poder imponer sus vetos. Los efectos de las resoluciones de las tres fechas de sesiones están suspendidas temporalmente por orden del juez, Silvio Rojas, quien dio lugar a una medida cautelar en el marco del amparo planteado por McLeod. Esta última, ya dio por anulada no solo las resoluciones de las citadas fechas sino que extendió a otras sesiones y comunicó de la sanción ficta de todas ellas a la Junta. Sin embargo, el juicio de amparo está aún pendiente de resolverse.

En la larga lista de resoluciones con supuestas sanciones fictas, que la jefa comunal envió, también figuran aprobaciones de sesiones que no son objeto de juicio. Tal es el caso de la adjudicación a la empresa Global Actividades S.A. para la compra de 200 sillas de ruedas por G. 148.000.000 y a la firma Ita MorotÎ S.A. para instalaciones eléctricas nuevas en distintos paseos y áreas verdes de la ciudad por G. 723.934.653. Estas adjudicaciones habían sido rechazadas por el legislativo al levantar el veto del ejecutivo, en sesión del 8 de agosto pasado.
La jefa comunal recurrió a acciones legales para frenar las decisiones de la multibancada de la oposición que había logrado un bloque con 8 integrantes (Teodoro Mercado, María Portillo, Celso Miranda, Miguel Prieto, Herminio Corvalán, Juan Carlos Barreto, Juan Ángel Núñez y Lilian González). Es decir, con votos necesarios para levantar los vetos del ejecutivo municipal.


Entre los vetos que los concejales habían logrado levantar y cuyos efectos fueron suspendidos temporalmente por orden judicial figuran millonarias y sugestivas adjudicaciones. Una de ellas es la cuestionada adjudicación a la firma Classic Muebles SA, por G. 843.000.000 para la compra de sillas pupitres. La firma no había presentado los documentos básicos, según los ediles. Además, se había levantado el veto al rechazo de modificaciones de un convenio entre la comuna esteña y la Cámara Paraguaya de Construcciones (CAPACO) para fiscalizar las condiciones técnicas de obras ejecutadas por la comuna. El acuerdo estipula que el gremio cobre un porcentaje del monto adjudicado por el trabajo de verificación. Asimismo, los ediles habían decidido la reestructuración de las comisiones asesoras permanentes, la anulación de la resolución que nombra a Claudio Durañona como secretario general, entre otros.

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