Piden que el Estado se haga cargo de morosos en colegios privados

Miembros de la Asociación de Instituciones Educativas de Gestión Privada del Alto Paraná (AIEPAP), piden al Estado que se haga cargo de los alumnos con cuotas morosas. Esto ante la prohibición legal de exigir el cobro para tomar exámenes finales. Afirman que desde la promulgación de la ley aumentó en 60% la morosidad. Además, a fines del mes pasado se reglamentó la norma y se establece varias sanciones para casos de incumplimientos.

Martín Núñez, Obdulio García Silva y Aurelio Barreto, durante la conferencia de prensa, ayer.

La Ley N° 5738/16 que garantiza el derecho del niño y adolescente que estudia en institución educativa de gestión privada fue promulgada el año pasado. En tanto, el 24 de octubre pasado, el Ministerio de Educación (MEC) emitió un reglamento que establece la aplicación de dicha norma. En la reglamentación se establecieron varias sanciones en casos de incumplimientos como multas que van desde cinco a cincuenta salarios mínimos, dependiendo de la gravedad de la infracción.
Esto motivó la reacción de los miembros del Aiepap, que integran unas 17 instituciones educativas del décimo departamento. Ayer emitieron un comunicado en el que afirmaron que la citada ley imprudentemente faculta a los padres a actuar de mala fe a desestimar el pago de servicios recibidos. Además, dijeron que constituye un elemento que atenta contra el libre ejercicio de la prestación de servicios. Igualmente, alegaron que la citada norma contrapone dos derechos fundamentales consagrados en la Constitución Nacional: los derechos del niño y adolescente contra los derechos a recibir honorarios correspondientes a trabajos y servicios privados. Advirtieron que esta situación pone en riesgo la continuidad del funcionamiento de las escuelas y colegios de gestión privada y por consiguiente, la pérdida de empleos. Estiman que la mora en los colegios privados aumentaron en 60% desde la promulgación de la norma.
“Los padres hoy calificados como morosos están aprovechando una ley para dejar de cumplir sus compromisos. Ese es el efecto negativo de esta ley. La morosidad aumentó bastantemente y es del 60% actualmente. Estamos atados de manos y pies por esta ley porque nos amenazan con sumarios administrativos”, expresó el abogado Obdulio García Silva, presidente de AIEPAP.
Igualmente, los miembros de la asociación pidieron al Estado a que se haga cargo de los alumnos con mora. “Solicitamos al Estado paraguayo que arbitre los medios legales que no perjudique la libre iniciativa para la prestación de servicios y hacerse cargo de aquellos alumnos cuyos padres amparados en esta ley omitan el pago puntual voluntariamente contratado de los aranceles que libremente han aceptado al inscribir a sus hijos”, reza una parte del comunicado.

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