Urgen investigación sobre venta de casillas en la Cuarta Etapa

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Pequeños comerciantes de la Cuarta Etapa, quienes quedaron sin sus puestos de trabajo urgen que las denuncias sobre supuestas ventas irregulares de casillas sean investigadas. Los afectados afirman que los puestos de ventas fueron comercializados en detrimento de los verdaderos ocupantes.

Óscar Torres (no vidente, de 31 años) y Eladio Doroteo Romero (72) habían sido sacados de las casillas a la fuerza y sin orden judicial, según denuncian.

Decenas de trabajadores de la Cuarta Etapa siguen padeciendo una larga espera para acceder a sus puestos de venta. Mientras tanto, en la Fiscalía se investigan dos denuncias a raíz de las presuntas irregularidades en la distribución de los puestos.
Una de las denuncias es por supuesta venta de casillas que había presentado el concejal Celso Miranda, en setiembre pasado. Fue en contra del jefe de fiscalización Ireneo Franco, además de los funcionarios Lorenzo González y Carlos Silva por asociación criminal, daño de cosa de interés común, entre otros ilíctos. Además, fueron acusados los dirigentes de mesiteros Alfredo Meza, Nery Chávez, Max Giménez, Wilfrido González y una tal “Ña Rubia”. La pesquisa incialmente estaba a cargo de la fiscal Karen Chaparro, pero tras el traslado de la agente, quedó en manos de su colega Julio Paredes.
Igualmente, hace unas semanas se presentó otra denuncia sobre un supuesto desalojo ilegal en dicha zona. En este caso Óscar Torres (no vidente, de 31 años) y Eladio Doroteo Romero (72) fueron sacados a la fuerza de las casillas que ocuparon. Alegaron que estos puestos estaban desocupados mientras los mismos hace cuatro años esperan la reubicación por lo que decidieron ocuparlas pero poco después fueron desalojados. Según los afectados en la zona de Monseñor Rodríguez y Rubio Ñu ya se realizaron varios desalojos violentos.
Torres manifestó que exigen que se procese a los responsables de estos operativos. Reiteró que el procedimiento fue encabezado por Lorenzo Delvalle y Carlos Silva, quienes acompañados de otros operadores políticos les sacaron a la fuerza el lugar sin ninguna orden judicial, ya sea de un juez ordinario o un juez de faltas municipales.
Los afectados fueron llamados para una declararon ante la fiscalía, para las 10:00 de la mañana. La investigación también está a cargo del fiscal Julio Paredes.

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