“Kelembu” denuncia a McLeod por supuestos millonarios negociados

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El concejal Celso Miranda “Kelembu” (Indep.) denunció a la intendente Sandra McLeod (ANR) por supuesta sobrefacturación en una obra municipal y por el presunto negociado con el estacionamiento tarifado del microcentro de Ciudad del Este.

El concejal Celso Miranda “Kelembu” presentó ayer las denuncias en la Fiscalía.

El concejal opositor acompañado del abogado Ulises Quintana presentó ayer en la Fiscalía las dos denuncias contra la intendente.
“Kelembu” comunicó a la Fiscalía sobre una supuesta sobrefacturación en la refacción de la plazoleta de la Junta Municipal. La obra fue ejecutada por la empresa “Emprendimientos del Rey”, representada por Reinaldo Figueredo Vega, por G. 691.004.250, en 2014.
Según la denuncia, la obra fue ejecutada sin cumplir con todas las especificaciones técnicas establecidas en el contrato, por lo que se sospecha que hubo desvío de dinero público en el emprendimiento municipal.
Falta de cartel de la obra, carencia de basureros metálicos, falta de empastado, entre otras observaciones resaltó “Kelembu”, quien pidió la imputación de la intendente y de Figueredo Vega.
El caso fue asignado al fiscal Julio César Paredes.
En otra denuncia, Miranda informó un supuesto negociado de más de G. 10.000 millones con el estacionamiento tarifado e involucró a la intendente y a los funcionarios David Espínola, Alba Noguera y Walter Feltes.
Acorde al escrito, en el primer cuatrimestre 2016 McLeod rindió G. 434.984.661 como recaudación por el estacionamiento. Al finalizar ese año comunicó el mismo monto.
Mientras que en los primeros cuatro meses de este período informó “recaudación 0”. En el segundo cuatrimestre apareció una rendición de G. 1.295.786.661.
Sin embargo, la recaudación mensual es de G. 965 millones cada mes y G. 11.581 millones anualmente, según la denuncia. Este caso fue asignado al fiscal Miguel Ángel Alvarenga.

JUECES

“Kelembu” también presentó otra denuncia contra los jueces Víctor Candia y Carmen Chávez por prevaricato y atentado contra el orden constitucional por supuestamente violar la autonomía de la Junta Municipal. Los magistrados habían ordenado a los concejales para no pedir la intervención municipal.

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