Directora de Registros Públicos encubre a invasores zacariístas

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La directora de Registros Públicos, Lourdes González, encajona un informe sobre un inmueble del Km 10, Acaray, de Ciudad del Este, invadido por hurreros del clan Zacarías, desde setiembre del año pasado. La investigación fiscal está trabada por la complicidad de González.

El 16 de setiembre de 2017, los hurreros del clan Zacarías invadieron unas 150 casas construidas por la Senavitat, en el Km 10, Acaray. En ese entonces, los avivados invocaron el nombre del presidente Horacio Cartes para ingresar clandestinamente al inmueble ajeno, bajo el liderazgo de Aida Molinas, según la denuncia.
Los herederos de Juaquín Idalín Paiva (+), dueño del inmueble invadido, presentaron la denuncia en el Ministerio Público y la investigación quedó a cargo del fiscal Julio César Yegros.
A finales de setiembre, el fiscal Yegros solicitó informe a Registros Públicos sobre la situación de la finca invadida con la finalidad de juntar los documentos pertinentes para luego expulsar a los avivados. Sin embargo, ocho meses después, la directora González aún no envió el informe a la Fiscalía.
El fiscal Yegros informó que la semana pasada urgió a Registros Públicos la remisión del documento.
La negligente complicidad de la directora González impide el avance de la investigación fiscal por del delito de invasión de inmueble ajeno. Mientras que los hurreros del clan Zacarías siguen campantemente en la finca.
En 2003, la directora González fue imputada por la Fiscalía por producción inmediata y mediata de documento público de contenido falso.

Negociado con la finca

En 2012, la Senavitat adjudicó a la empresa Progreso S.A., vinculada al concejal departamental Aníbal Barreto Fidavel (PLRA), la construcción de 150 casas por G. 10.717.440.580.
La firma beneficiada debía encargarse de la compra del inmueble del Km 10 Acaray, perteneciente al fallecido Juaquín Idalín Paiva. Sin embargo, la empresa solo abonó la mitad de la suma acordada por la finca y la transferencia no se concretó. Desde entonces, las obras quedaron paralizadas y llamativamente las autoridades de la Senavitat no accionaron judicialmente contra los directivos de Progreso S.A.

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