La libertad de prensa bajo amenaza

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La Asociación de Magistrados del Alto Paraná (Asomap) disgustado por las críticas que reciben algunos de sus asociados por los medios de comunicación, lanzó un comunicado cargado de amenazas donde manifiesta entre otras cosas que los afectados por críticas en medios de prensa tienen la libertad de recurrir a una acción judicial contra los directivos de medios por las publicaciones falsas y calificativos temerarios que lanzan contra los jueces.
Uno de los últimos magistrados duramente cuestionados por la prensa de la zona Este del país es Amílcar Marecos, quien otorgó medida sustitutiva a la prisión a una persona procesada por homicidio y que además, estuvo prófugo. Este es el mismo juez que en el 2016 fue denunciado por el hoy senador electo Paraguayo Cubas, por los supuestos delitos de prevaricato, producción y uso de documentos públicos de contenido falso, persecución a inocentes e inducción a un subordinado a un hecho punible.
En su momento fue calificado como el juez más influyente del Alto Paraná, pero no por impartir justicia, sino por su presunto nexo con los ministros de la Corte Suprema de Justicia y con conocidos y cuestionados políticos de la zona como la senadora liberal Zulma Gómez y el colorado senador electo Javier Zacarías Irún.
El intento de amedrentamiento que realiza la Asociación de Magistrados no hacen más que despertar sospechas que las críticas están bien dirigidas, por lo que lo que deben hacer los magistrados es tratar de hacer un mejor trabajo. Como personas, son falibles, pero cuando las sentencias torcidas pasan a ser una norma es cuando aumentan las sospechas de que son manejados por una mano negra, o existen dádivas de por medio.
La prensa es la mejor garantía que tiene la ciudadanía para exigir que los magistrados actúen bien; y estos deben estar dispuestos a recibir críticas. Deben ser los primeros defensores de las libertades públicas y los derechos consagrados en la Constitución.
Un juez habla a través de su sentencia: si sus actuaciones se ajustan a la verdad y al derecho no tienen de qué preocuparse. La directa amenaza contra los medios que lo critiquen es un peligro para la libertad de expresión y de prensa, más todavía en el interior donde los medios y los periodistas no tienen recursos para enfrentarse a una estructura judicial, que hace tabla rasa de todas las normativas y se maneja como claque de amigos protegidos por políticos sinverguenzas. Si los afectados por las publicaciones se sienten agraviados tienen todos los mecanismos legales para plantear una acción judicial. La amenaza vertida en un comunicado busca más intimidar a los medios y a los periodistas para que se sometan a la autosensura y que ellos puedan seguir tranquilos manejando los hilos del poder.
Los magistrados judiciales tienen que ser los primeros defensores de la libertad de prensa y de expresión y constituirse en garantía para la ciudadanía de que estos derechos fundamentales no sean conculcados.

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