Llamativa pasividad de Municipalidad y Fiscalía

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Desde hace al menos una década, pobladores de una vasta zona de Ciudad del Este padecen un verdadero vía crucis, especialmente los fines de semana, debido a la aglomeración de gente, polución sonora y constantes riñas protagonizadas por personas alcoholizadas.
Esto ocurre en el conocido local de venta de comida rápida denominada Willi Burguer, perteneciente a Willian Britos, ubicado en el populoso barrio San José, de la capital paranaense.
El lugar consta de un pequeño local de elaboración de hamburguesas y un tinglado gigante, abierto, donde se reúne la gente. Si solo fuera venta y consumo de alimentos no generaría mayores inconvenientes. El problema comienza cuando propietarios de vehículos adaptados con potentes parlantes se ubican en las inmediaciones, compiten con quien pone más alto la música y comienzan a beber sin límites. Esto desemboca la mayoría de las veces en peleas entre borrachos que pone en jaque a todo el barrio y las personas que transitan por el lugar.
La policía interviene casi siempre, a pedido de los vecinos, pero reconoce que no puede controlar la situación debido a la cantidad de gente que se aglomera allí. Los fines de semana suman más de 1.000 personas por jornada. La mayoría de las veces los policías se vieron obligados a pedir apoyo al Grupo Especial de Operaciones (GEO) porque son sobrepasados. Un uniformado inclusive llegó a decir que la única solución es cerrar el local, pues no hay forma de controlar las riñas que se generan allí.
La población indefensa ha recurrido ya a todas las instancias, pero no tuvo respuesta. El caso debe ser atendido tanto por la municipalidad local como por la Fiscalía, sin embargo, ambas instituciones mostraron hasta ahora una llamativa pasividad que raya la complicidad. Así como están las cosas, se puede pensar que están protegiendo el negocio de alguien.
Lastimosamente en nuestro país, las personas con un poco más de poder adquisitivo, o que están ligados a alguna actividad muy lucrativa, algunas veces inclusive ilícitas, cuentan con la protección política-policial-judicial.
La polución sonora es una violación de toda norma de convivencia social, está penada por Ley y debe ser castigada por la municipalidad y el Ministerio Público debe intervenir de oficio.
Aquí es evidente que no existe voluntad de las autoridades para solucionar el problema, pues la policía puede disponer instalar patrulleras en las inmediaciones, ya que ésto puede ser un método de persuación. Lo mismo pasa con el Ministerio Público, superpoblado de fiscales haraganes y sinvergüenzas, que bien pueden disponer una intervención un fin de semana y procesar a los inadaptados. Con uno o dos que sean castigados ya servirán de ejemplo para los demás. El problema es que los agentes, acuden a este tipo de procedimiento y terminan negociando y cobrando alguna jugosa coima para dejar las cosas como están. Por ello resulta llamativo que las autoridades no intervengan hasta ahora, considerando las constantes quejas contra el referido local.

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