Los caciques de los municipios

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Los concejales municipales de San Alberto, quienes habían presentado una denuncia documentada ante la fiscalía sobre supuestos hechos de corrupción en la municipalidad de dicho distrito, están siendo objeto de una implacable persecución, no solo de los allegados al intendente local, sino de sus mismos colegas en la Junta Municipal. En efecto, los concejal Edgar Sochtig (PDP) y Lidio De Conto (PLRA) comunicaron a la Fiscalía sobre el saqueo del patrimonio público en la Municipalidad de San Alberto y apuntaron directamente al intendente Carlos Ramírez.
Según la denuncia, el intendente Ramírez López declaró como patrimonio institucional de G. 84 millones una camioneta Ford F-1000, del año 1993, en su rendición de cuentas. El balance fue aprobado en la Junta Municipal el 27 de marzo pasado. Sin embargo, luego constataron que la camioneta se comercializaba por piezas en un desarmadero del distrito. Tras desatarse el escándalo, el intendente habría solicitado a la Junta un visto bueno para la subasta pública del vehículo.
En la sesión de la Junta, del 26 de junio pasado, De Conto y Sochtig fueron impedidos de ingresar al recinto legislativo por funcionarios municipales y simpatizantes del intendente. Esa misma fecha los ediles oficialistas declararon “persona no grata” a los denunciantes. En la última sesión, celebrada el martes pasado, los denunciantes nuevamente fueron impedidos de entrar a su lugar de trabajo por funcionarios y adherentes de Ramírez. Ahora, para completar el panorama el intendente no les pagó la dieta, supuestamente porque estuvieron ausentes en las dos últimas sesiones.
Casi 30 años después de la instauración de la democracia en el país, estamos comprobando que todavía nuestra sociedad no ha aprendido a disfrutar de las libertades públicas y de las posibilidades que ofrece para la ciudadanía, como norma de convivencia. Lamentablemente, la democracia todavía no llega a los distritos del interior, donde seguimos teniendo intendentes que se creen emperadores, dueños de la ciudad, que pueden disponer a gusto y paladar de los bienes públicos y quienes ante cualquier cuestionamiento ponen en marcha todo un aparato represivo para perseguir a sus detractores.
En los pueblos del interior las normas de convivencias todavía se vuelve más complicada debido a que la presión social es mucho más fuerte y sobre todo cuando el intendente de hecho ya obtiene el cargo como resultado del poder político y económico, que posee en la comunidad. La Junta Municipal entonces tiene que constituirse en el contrapeso del poder, sin embargo, en este caso son los mismos concejales quienes están aliándose con el intendente, en vez de buscar la verdad y aclarar debidamente las denuncias de corrupción que afectan a la administración de Ramírez.
La persecusión desatada y la prohibición de ingresar al recinto de la Junta despiertan aún más sospechas sobre la gestión de Ramírez. Mientras tanto, el fiscal adjunto Ricardo Merlo, sigue durmiendo en su puesto, sin mover un dedo para aclarar las denuncias. Cuando se desata este tipo de conflicto es la justicia la que tiene que actuar como árbitro, pero cuando se tienen fiscales corruptos, haraganes y complacientes, la ciudadanía y los denunciantes de hechos de corrupción, no tienen más recursos que salir a las calles y dejar en evidencia a la claque de sinvergüenzas, que se autoprotegen en las diferentes esferas.
Si el intendente de San Alberto, Carlos Ramírez, no tiene nada que ocultar, debería ser el primer en impulsar las investigaciones y aclarar debidamente ante la opinión pública, las denuncias formuladas. Sus actuaciones no hacen más que darle la razón a los denunciantes y sembrar un mar de dudas sobre su gestión. Lamentable.

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