Fiscalía General blanquea a Jiménez Gaona en el caso del superviaducto

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El fiscal adjunto Augusto Salas ratificó la desestimación de la denuncia por sobrefacturación y estafa en la construcción del superviaducto, con lo que se allana el camino para el blanqueo del ministro de Obras Públicas, Ramón Jiménez Gaona. La fiscala general Sandra Quiñónez habría cedido a presiones.

Para justificar el blanqueo Salas trajo a colación el resultado del dictamen elaborado por las peritas del Ministerio Público, la arquitecta Olga Fleitas y la ingeniera Ross Franco. Estas afirmaron que se constituyeron en distintas ocasiones en las intersecciones de las avenidas Madame Lynch y Aviadores del Chaco, pero no encontraron anomalía.

Respecto a los cambios introducidos al proyecto inicial –denunciados por el proyectista de la obra Ing. Hermman Pankow como una maniobra irregular para abaratar los costos– Salas afirma que fueron “necesarios” y que su fin fue adecuar el proyecto a las normativas vigentes y a la seguridad tanto de la obra como de las personas. Sobre este punto, invoca dictamen técnico favorable de la firma fiscalizadora de la obra –Caser– y de la Dirección de Viabilidad del MOPC.

El “blanqueo” es inminente. El juez Gustavo Amarilla había dado trámite de oposición a la petición inicial del fiscal Nelson Ruiz, quien solicitó la desestimación de la denuncia.

Ruiz incluso luego se ratificó en el pedido de blanqueo, razón por la cual el juez Amarilla remitió el caso a la Fiscalía General.

El trámite de oposición está previsto en el Código Procesal Penal, en su artículo 358, que establece: “Falta de acusación. Cuando el Ministerio Público no haya acusado y el juez considera admisible la apertura a juicio, ordenará que se remitan las actuaciones al fiscal general del Estado para que acuse o ratifique el pronunciamiento del fiscal inferior. En este último caso, el juez resolverá conforme al pedido del Ministerio Público. En ningún caso el juez podrá decretar el auto de apertura a juicio si no existe acusación fiscal”.

Ahora al juez Amarilla no le queda otra opción que archivar el caso.

Los antecedentes revelan que el superviaducto fue construido a un costo de G. 124.210 millones, obra adjudicada en una dudosa licitación pública a la empresa española Isolux Corsán, investigada en su país por participación en un esquema de coimas.

Sin embargo, incluso la sospechosa adjudicación fue blanqueada en el dictamen firmado por Salas, en representación de la Fiscalía General del Estado.

Salas, para lavarse las manos, varias veces mencionó la pericia realizada por Fleitas y Franco. Dijo que de este trabajo “se infiere que la obra cumplió con el proyecto licitado, aprobado y ejecutado con los requisitos esenciales y de conformidad al proyecto final aprobado y ejecutado”. En consecuencia, según el adjunto, no se puede hablar de daño al patrimonio de Obras Públicas.

Según fuentes, el blanqueo se dio con el visto bueno de la fiscala general Sandra Quiñónez, quien habría cedido a los pedidos del Ejecutivo y su entorno.

Hay que recordar que Horacio Cartes llevó como titular del Ministerio Público a Quiñónez, quien con este grosero blanqueo le estaría pagando el favor.

“No voy a retroceder”

Las obras que faltan en el “superviaducto”, entre ellas un puente peatonal sobre el arroyo Itay, representan casi US$ 3 millones, según el diseñador del proyecto original, el Ing. Hermann Pankow, quien por ello denunció por lesión de confianza y asociación criminal al ministro de Obras Públicas, Ramón Jiménez Gaona; el viceministro de Obras, Juan M. Cano, y los integrantes del comité evaluador de la licitación respectiva.

Pankow dijo ayer que este “blanqueo” no le sorprende ni le hará retroceder en su denuncia. “Por lo menos uno de ellos irá a prisión”, afirmó.

Fuente: ABC DIGITAL

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