Indignación ciudadana

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En noviembre del 2013, la Cámara de Senadores decidió rechazar un pedido de desafuero de uno de sus miembros, el colorado cartista Víctor Bogado. La justicia había solicitado que se le retire ese privilegio, para procesarlo por el caso de la niñera de oro.
El parlamentario, siendo diputado, hizo pagar al Legislativo el salario de una mujer que se encargaba del cuidado de sus hijas menores. Pero la cosa no terminó allí, a pedido suyo, la mujer fue contratada por Itaipu, y de esa forma cobraba dos salarios públicos.
La posición asumida por los senadores generó una gran indignación ciudadana. La gente se agolpó en las inmediaciones del Congreso y escrachó a cada parlamentario que votó en contra del desafuero. Al hecho se sumaron propietarios de casas comerciales, restaurantes y tiendas, quienes decidieron prohibir el ingreso de las personas que salvaron a Bogado de la posibilidad de ser sometido a la justicia.
La presión ciudadana fue tal, que los senadores no tuvieron más alternativa que rever su postura y finalmente despojar de su inmunidad al legislador.
En estos momentos, otro parlamentario está a punto de salirse con la suya, en un caso muy similar. Se trata del diputado colorado José María Ibáñez. Este “representante del pueblo” apenas asumió su banca en el 2013, hizo contratar a la Cámara de Diputados a tres personas que se encargaban de cuidar su casa quinta ubicada en Areguá.
Ibáñez fue sometido a la Justicia, y ante la misma reconoció que al hacer pagar sueldo del Estado a sus trabajadores domésticos cometió los delitos de estafa, expedición de certificado de contenido falso y cobro indebido de honorarios. La expectativa de pena en estos casos es de siete años de cárcel.
Sin embargo, el legislador con una abierta complicidad de la fiscal de la causa, Victoria Acuña, logró que le sea aplicada la figura de suspensión condicional de procedimiento con lo que el legislador, admitiendo los hechos y realizando una donación a una entidad de beneficencia ya quedará libre de culpa y pena. Los delitos cometidos ni siquiera quedarán en su legajo judicial.
Hay que decir que el legislador no admitió los hechos de puro buenudo y decente. Lo hizo porque la prensa lo descubrió y sacó a luz. Con todas las pruebas a la vista, la Fiscalía no tuvo más remedio que investigar y tratar de enjuiciarlo. Ibáñez chicaneó por cuatro años hasta que finalmente la fiscal Acuña le dio la mano.
Con esto, además, pretende seguir orondamente en su banca. La Constitución es muy clara al establecer que un legislador que admitió la comisión de un delito tiene que perder su investidura. Hasta ahora, esto es misión imposible, pues 64 legisladores de diversos partidos cerraron filas para protegerlo, así como los senadores lo hicieron con Bogado en el 2013.
Es hora de que la ciudadanía se haga sentir nuevamente. El Paraguay no merece que un delincuente confeso ocupe un curul en una Cámara Legislativa, donde están sentados nuestros representantes. Los ciudadanos decentes de este país deben, una vez más, salir a la calle e impedir que Ibáñez se salga con la suya. Por vergüenza, dignidad y decencia.

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