Caso Curuguaty: Critican denuncia presentada por la fiscal general del Estado

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La Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy) criticó la denuncia presentada por la fiscal general del Estado, contra los camaristas que absolvieron a campesinos condenados por la masacre en Curuguaty.

“La represalia accionada por la Fiscala General del Estado, Sandra Quiñonez, en contra de los magistrados que pronunciaron la sentencia de nulidad y absolución en la causa Curuguaty, se inscribe en un patrón de actuación, observado y denunciado reiteradamente por la Codehupy en situaciones análogas, consistente en la instrumentación de procesos judiciales con fines de persecución política, seguido de amenazas e intimidación a jueces independientes y garantistas, como mecanismo de sometimiento y control político”, señala un comunicado emitido hoy por la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy) respecto a la denuncia presentada ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados hace dos días por la fiscala general contra los camaristas Emiliano Rolón Fernández, Arnaldo Martínez Prieto y Cristóbal Sánchez por mal desempeño de funciones, quienes absolvieron a los campesinos que habían sido procesados y condenados por la masacre de Curuguaty.

Señalan que la falta de una investigación adecuada de las 17 muertes registradas en Marina Cué propició “la violación generalizada de los derechos humanos, la pérdida de vidas, el menoscabo de la integridad de las personas, la libertad y el acceso a la justicia de todas la personas que resultaron víctimas así como la estigmatización como violentos de tantos campesinos víctimas de prejuicios, discriminación y una trama política que difícilmente entenderemos algún día”.

Agregan que la sentencia de nulidad y absolución de los campesinos de Curuguaty, al ser de la máxima instancia judicial, es ya materia intangible que debe de ser respetada y acatada, y los jueces que valientemente la pronunciaron, reconocidos y valorados por honrar la judicatura, por reparar los derechos conculcados y por señalar que el poder punitivo del Estado en una democracia está subordinado en todo momento al debido proceso y no a las pretensiones ilegítimas de la fiscalía y el poder político.

Fuente: ABC DIGITAL

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