Fiscalía protectora de los corruptos

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La Fiscalía General del Estado con todas sus dependencias investigativas se convirtió en una institución nefasta de la era democrática. De su rol inicial, de ser un órgano investigador para posibilitar castigo a los culpables de la comisión de diversos delitos se transformó en un elemento de la corrupción. El salvavidas de los políticos para asegurar su impunidad y no solamente de políticos, sino también de los narcotraficantes, asaltabancos y criminales de toda laya.
Solo en los últimos meses, el Ministerio Público inició una fuerte ofensiva para dejar limpio a todos los políticos acusados de corrupción. En julio la fiscal Claudia Moris pidió desestimar el caso de la empleada de Guadalupe Aveiro, la exesposa del senador Víctor Bogado, quien figuraba como funcionaria del Tribunal Superior de Justicia Electoral, pero cumplía funciones de doméstica en la casa de la mujer. Ante la fuerte crítica, la jueza rechazó el pedido de la fiscalía para que el caso se siga investigando.
El mismo senador Víctor Bogado está a punto de quedar libre en el caso conocido como “niñera de oro” que saltó a fines del 2013. La persona que se encargaba del cuidado de sus hijas menores tenía sueldo de la Cámara de Diputados, de donde él fue presidente durante los dos últimos periodos del 2008-2013; y en Itaipú. La causa se está por extinguir.
Pocas semanas después de intentar blanquear a la presunta empleada de Bogado, la Fiscalía se encargó de librar de la cárcel al sinvergüenza de José María Ibáñez, un político que no solo metió la mano en el bolsillo del pueblo para pagar el salario de sus empleados domésticos, sino se quedaba con una parte del dinero. Este fue uno de los casos mejor probados, pero la Fiscalía lo dejó libre a cambio de un castigo mínimo.
Como si el caso Ibáñez no fuera suficiente escándalo, este miércoles el Ministerio Público blanqueó al presunto testaferro de Víctor Bogado. Miguel Ángel Carvallo, amigo del senador, mecánico de profesión, de la nada apareció como dueño de un shopping ubicado sobre la avenida España de Asunción, en una de las zonas comerciales más caras. Para los investigadores, su inversión está justificada.
Por un caso similar también está imputado el diputado por Paraguarí Ever Rivas. La Fiscalía comprobó que el político hizo contratar a la Cámara Baja tres personas que realizaban tareas domésticas en su casa.
A esto se suman otros casos que duermen en los cajones de la institución, como ser la investigación por tráfico de influencias al senador colorado Óscar González Daher, cuya pérdida de investidura a gritos pide todos los días la ciudadanía. El diputado colorado Carlos Núñez Salinas, imputado por contrabando y producción de documentos no auténticos; el liberal Carlos Portillo también imputado por tráfico de influencias, cohecho pasivo agravado, soborno y asociación criminal.
En un caso más reciente, la Fiscalía está buscando dejar sin efecto una denuncia por enriquecimiento ilícito contra el senador liberal Dionisio Amarilla. El legislador se hizo millonario en la función pública. Existen datos suficientes para iniciar una pesquisa pero la Fiscalía no tuvo mejor idea que pedir a Contraloría su correspondencia de bienes. En dicha institución, la encargada de responder al requerimiento es nada menos que la esposa de Amarilla, la funcionaria Analy Valiente.
Es larga e interminable la lista de corruptos devenidos a políticos cuyo castigo la ciudadanía pide a gritos, pero el Ministerio Público los protege. Es hora de que la gente también pose su mirada en cada fiscal que lleva la causa de estos impresentables y les haga saber su disconformidad. Solo con la presión ciudadana se logrará que las instituciones funcionen y se pueda dar guerra a la corrupción y la impunidad.

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