Atentado contra la libertad de prensa

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La Corte Suprema de Justicia sigue sumando aportes en su negro historial de ataques contra las instituciones democráticas. El pasado viernes se conoció el fallo, donde la sala constitucional rechazó “in limine” una acción de inconstitucionalidad presentada por nuestro diario contra fallos judiciales que prohíben la difusión de información respecto al proceso por acoso abierto contra un docente de una universidad de Ciudad del Este.
La acción había sido promovida por nuestros asesores jurídicos contra el fallo dictado por el juez penal de garantías Amílcar Antonio Marecos y los camaristas Mirian Meza de López y Aniceto Amarilla Arévalos, en mayo y junio pasados. Estos magistrados habían dado lugar a un amparo promovido por la Universidad Tres Fronteras (Uninter) y su rectora, Nancy Romero de Duarte, contra varios medios de comunicación, con el objeto de prohibir la difusión de imágenes e información sobre la denuncia de acoso presentada por una docente contra el ingeniero Gustavo Duarte Ruiz Díaz, director y propietario de la citada institución.
La medida abiertamente vulnera las garantías constitucionales que amparan el trabajo periodístico y al mismo tiempo representa un atentado contra la libertad de expresión y el derecho de la población de recibir información, más aún cuando se trata de la investigación de un supuesto hecho punible cometido dentro de una casa de estudios superiores.
Nuestra constitución en su Artículo 26 establece claramente que: “Se garantizan la libre expresión y la libertad de prensa, así como la difusión del pensamiento y de la opinión, sin censura alguna, sin más limitaciones que las dispuestas en esta Constitución”. Sin embargo, los jueces del Alto Paraná dejaron un nefasto precedente para la democracia y sobre todo para el periodismo paraguayo al establecer la sensura previa para publicaciones periodísticas. En todo caso, si alguna información difundida por un medio periodístico faltase a la verdad o dañe la reputación de alguna persona, la parte afectada puede perfectamente aplicar el Artículo 28, que establece que “toda persona afectada por la difusión de una información falsa, distorsionada o ambigua tiene derecho a exigir su rectificación o su aclaración por el mismo medio y en las mismas condiciones que haya sido divulgada, sin perjuicio de los demás derechos compensatorios”.
Con la disposición adoptada por los magistrados altoparanaenses, mañana los funcionarios corruptos cuyos nombres puedan ser afectados por una publicación pueden recurrir tranquilamente al amparo y evitar que la ciudadanía conozca cómo se dilapidan los recursos públicos.
La libertad de prensa y de expresión, son derechos fundamentales consagrados en todas las constituciones y acuerdos internacionales y constituyen los pilares claves para la sociedad democrática. La justicia paraguaya acaba de perpetrar un grave atentado contra estos derechos.

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