Piden que sesiones de CSJ, JEM y CM sean públicas

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El presidente de la República, Mario Abdo, remitió al Congreso un proyecto de ley por la cual plantea publicitar las sesiones de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de la Magistratura y el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.

Según la exposición de motivos del proyecto, que lleva las firmas del presidente Mario Abdo Benítez, y del ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor, la iniciativa pretende constituirse en un instrumento que desarrolle los principios de publicidad de los actos de gobierno, de transparencia en la gestión y de control público de las decisiones.

Argumenta que el Consejo de la Magistratura, por su lado, tiene “la gran responsabilidad” de elaborar ternas de candidatos para integrar la Corte Suprema de Justicia, para los tribunales inferiores y los juzgados de todo el país, mediante un proceso de selección basado en la idoneidad, considerando los méritos y las aptitudes de los postulantes.

Añade que dicho órgano, además, tiene a su cargo la elaboración de ternas de candidatos para los cargos de fiscal general del Estado, de agentes fiscales y de defensores públicos, síndico general de Quiebras, síndicos adjuntos y agentes síndicos, debiendo ceñirse a los mismos criterios de selección.

Indica que la Corte Suprema de Justicia, por su parte, tiene la “trascendental tarea” de designar, entre los preseleccionados por el Consejo de la magistratura, a quienes desempeñarán los cargos mencionados en el párrafo anterior, salvo los casos de ministro de la máxima instancia judicial y de fiscal general del Estado.

Señala que el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, a su vez, se encarga del juzgamiento de los magistrados, agentes fiscales y defensores, por la comisión de delitos o mal desempeño de funciones.

“Como se podrá notar, surge claramente un punto de intersección al contemplar las funciones de estos tres órganos, consistente en la existencia de una responsabilidad compartida con respecto a la calidad profesional y personal que ostentan quienes tienen en sus manos la administración de justicia, la representación de la sociedad ante los órganos jurisdiccionales y la defensa en juicio de determinadas personas en la República del Paraguay”, destaca.

Agrega que, en otras palabras, la suerte de la seguridad jurídica de nuestro país corre según el ritmo del “buen funcionamiento” de estos tres órganos, razón por la cual desde el Poder Ejecutivo se entiende que se debe promover e incentivar el control ciudadano sobre dichas instituciones.

Sostiene que el propósito de la fiscalización ciudadana es que la esta se traduzca en un “mejor desempeño” de quienes integran el Consejo, el Jurado y la Corte, teniendo en cuenta que las leyes que regulan el funcionamiento de estas instituciones no prevén la obligación de que sus sesiones sean públicas.

Fuente: ABC DIGITAL

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