Diputados de A. Paraná obstruyen la expulsión de colegas corruptos

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Siete diputados de Alto Paraná votaron en general por la aprobación de una ley que cede al Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) la facultad de revocar el mandato a un legislador. Con la nueva normativa los parlamentarios no se juzgarán entre ellos y el trámite será más complejo, que beneficiará directamente al diputado Carlos Portilo, cuyo pedido de pérdida de investidura está paralizado hace más de dos meses.

Los colorados Justo Zacarías, su esposa Rocío Abed, Blanca Vargas y Ramón Romero Roa; además de los liberales Manuel Trinidad, Roya Torres y Portillo votaron por la nueva ley, al igual que 51 diputados.
Solo el diputado Jorge Brítez (Cruzada Nacional), de Alto Paraná, votó contra el proyecto normativo junto con otros 18 colegas de Patria Querida, Encuentro Nacional, Hagamos y algunos liberales.
Los diputados plantearon una especie de nueva “ley de autoblindaje”, ya que se requiere la mayoría absoluta de cada Cámara (41 en Diputados y 23 en Senadores) para remitir al TSJE un caso de un legislador bajo sospechas de tráfico de influencia u otros delitos para su juzgamiento.
El estudio detallado de la nueva normativa quedó postergado, debido a que los diputados supuestamente tenían miedo que la sesión extraordinaria de ayer termine por falta de quórum.
El otro proyecto de ley no fue aceptado y establecía el mismo procedimiento que se usó para la expulsión de Óscar González Daher (ANR-carista) del Senado. Esta regla indica que los legisladores pueden destituir a sus colegas con voto de la mayoría absoluta.
Una vez estudiado íntegramente la ley en Diputados, el expediente será tratado en el Senado. De lograrse la doble aprobación, será enviado al Poder Ejecutivo para la promulgación o veto.
Mientras los diputados discuten la reglamentación de la pérdida de investidura, el diputado Portillo consigue un respiro ante la insistencia ciudadana de que se revoque su mandato.

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