Camaristas resolverán chicana del diputado Carlos Portillo

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Cinthia Garcete, titular del juzgado penal de Garantías N° 5, de Ciudad del Este, ratificó ayer su rechazo a la chicana presentada por el diputado Carlos Portillo (PLRA) para trabar su proceso por tráfico de influencias. No obstante, a pedido de la defensa el expediente será remitido al Tribunal de Apelaciones.

La juez Garcete sostuvo que el pedido de nulidad de la imputación, presentado por el abogado defensor Pedro Fernández, debe resolverse en la audiencia preliminar.
La defensa del diputado Portillo pretende que la justicia se pronuncie primero sobre el incidente de nulidad de imputación para luego continuar el proceso penal. Con esa maniobra, el legislador investigado traba su audiencia de imposición de medidas, además de la audiencia preliminar, en la que se decidirá si el caso es elevado o no a juicio oral.
La chicana del diputado Portillo será estudiada por el Tribunal de Apelaciones, integrado por Raúl Insaurralde, Marta Acosta y un tercer miembro a definir.
El 12 de noviembre pasado, la fiscal Liliana Alcaraz, de la Unidad Especialidad de Delitos Económicos y Anticorrupción, acusó formalmente al diputado Portillo y pidió su juzgamiento público por tráfico de influencias. Alcaraz recalcó que reunió pruebas documentales, periciales y testimoniales suficientes para sostener el cargo contra el legislador liberal.
La fiscal Alcaraz también acusó a la abogada Lucía Escobar como cómplice de Portillo.

El caso audio

El diputado Carlos Portillo fue procesado tras filtrarse un audio. La grabación sugiere que el legislador pedía 3.000 dólares a la contadora Auda Fleitas, procesada por estafa, para conseguirle una resolución favorable en la Cámara de Apelaciones, conformada por Isidro González, Aniceto Amarilla y Myriam Meza.
Según la acusación fiscal, la conversación telefónica entre Portillo y Fleitas fue en agosto de 2017. De acuerdo al cruce de llamadas de celular, el Ministerio Público corroboró que las conversaciones entre ambos seguían hasta setiembre de 2017.
La abogada Lucía Escobar intermediaba en el “arreglo”, según la investigación fiscal.
Alcaraz indicó que no encontraron pruebas del pago de la supuesta coima.

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