Pese a numerosas chicanas se inicia juzgamiento de exfiscal

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Los magistrados Óscar Gabriel Genez, Alba Angelina Meza y Marino Méndez, no hicieron lugar al recurso de reposición planteado por la defensa de los acusados Roberto Velázquez Vezzeti y Carlos Arévalos, en una causa por extorsión que debe prescribir el próximo 23 de diciembre. En cuanto a la recusación, resolvieron elevar trámite al Tribunal de Alzada, pero no suspender la realización del juicio oral.

La jueza Meza explicó a las partes que el Tribunal considera que el juicio oral y público no admite dilación, ya que la causa está por prescribir. Ante esto resolvieron hacer el informe y elevar a la Cámara de Apelaciones, con la realización de la audiencia oral y pública.
La abogada Angélica Morquillas, abandonó la defensa de Carlos Arévalos, alegando que no confiaba en la gestión de los magistrados. La profesional fue notificada en el acto que será llamada a una audiencia para una sanción disciplinaria.
Ante la salida de la defensora de uno de los acusados, el Tribunal convocó al defensor público de turno, Daniel Ávalos para asistir a Arévalos, ya que el abogado Roberto Velázquez, ejerce su propia defensa en la causa. En principio, el acusado dijo que contará con la asistencia de un defensor de su confianza y los jueces dieron el plazo de una hora para que sea quien fuere su defensor se interiorice de la causa.
Finalmente, el abogado Carlos Roa tomó intervención en la causa y la audiencia pública inició.
Las decisiones del Tribunal volvieron tenso el ambiente, por momentos, en la sala de juicios orales, que contó con la presencia del Grupo Especial de Operaciones (GEO) de la Policía Nacional. El acusado Velázquez, estuvo transmitiendo en vivo el desarrollo del juicio oral, hasta que los magistrados le pidieron que suspenda esa acción.
El hombre se negó, hasta que con la intervención de la Policía tuvo que entregar su teléfono a otra persona, en medio de improperios y acusaciones hacia los magistrados. El juicio oral es grabado íntegramente por una persona autorizada por el Tribunal de Sentencias.
El Ministerio Público está representado por las fiscales Victoria Acuña y Natalia Fuster.
El exfiscal está acusado por supuestamente extorsionar solicitando la suma de 1.500 dólares a un comerciante de Santa Rita, para no investigar una denuncia por presunto contrabando, en 2008.

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