Intendentes morosos

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Un total de once intendentes de Alto Paraná fueron sancionados a pagar una alta multa por no dar cumplimiento a la ley de acceso a la información pública.

La falencia que derivó en la multa consistió en la falta de informaciones básicas en una página web oficial como planillas de funcionarios con sueldos, pagos de viáticos, detalles sobre gastos y recaudaciones, entre otros.

En la lista de sancionados figuran: Sandra McLeod de Zacarías (ANR), de Ciudad del Este; Digno Caballero (ANR), de Minga Guazú; Mario Noguera (PLRA), de Juan León Mallorquín; Aníbal Fidavel, de Tavapy; Idelfonzo Santander (PLRA), de San Cristóbal; además de Francisco Amarilla (PLRA) de Juan E. Oleary. La nómina sigue con Mauro Kawano (ANR) de Yguazú; Clementino Portillo (PLRA), de Minga Porã; María Victoria Salinas (ANR) de Santa Rosa del Monday; Aldo Mareco (ANR), Los Cedrales: Carlos Soria (ANR), de Itakyry; y Justo Gamarra (ANR) de Iruña.

En vez de buscar la manera de enmendar el error que cometieron, los citados intendentes se reunieron para ver la manera de burlar la multa que se les impuso. Tuvieron incluso la caradurez de pedir una reconsideración a la Secretaría de la Función Pública, pues alegan que son muy altas las multas que se les aplicó. Además pecan de ignorantes pues esa sanción está estipulada en una ley y solo mediante otra ley se puede modificar.

En municipalidades del interior hasta es entendible que tengan aun dificultades para cumplir con al norma, por el acceso limitado a internet y otros factores de comunicación, pero en Ciudad del Este y Minga Guazú es inadmisible que pongan excusas para no cumplir con la ley. La capital del Alto Paraná es incluso uno de los municipios que maneja mayor caudal de recursos a nivel país.

Los intendentes deben ser ejemplos en el cumplimiento de las normas y más aun tratándose de una ley que tiene por finalidad transparentar el uso de recursos públicos.
Es lamentable que pongan excusas para no informar a la ciudadanía sobre el destino de los recursos públicos. Están perdiendo un valioso tiempo que deberían emplear para poner a disposición de la ciudadanía la información necesaria y así salir de la lista de morosos.

La ley de Acceso a la Información Pública es una herramienta muy importante para transparentar el uso de los recursos públicos, para saber cómo y en que se gastan las recaudaciones. El acceso a datos públicas es un derecho de la ciudadanía a fin de que tenga una idea clara sobre el manejo de los intendentes y por tal motivo se debe priorizar su fiel cumplimiento.

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