Financiamiento político

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El financiamiento de las campañas políticas en nuestro país con dinero proveniente de actividades ilícitas es un gran secreto a voces, que nadie se atreve a tocar. Candidatos con nefastos antecedentes llegan al poder gracias a fuentes de recursos cuyos orígenes nunca se determinan.

En muchos casos, el entorno, las posturas y los acuerdos delatan a los candidatos a  cargos electivos respecto al  fondo que  utilizan para  el proselitismo, pero no hay ningún ápice de transparencia.

En este sentido, no hay ningún partido que pueda librarse de la falta de transparencia respecto a de dónde provienen los millonarios recursos que despilfarran en las campañas políticas. Todos tienen mucho que explicar a la ciudadanía, antes de salir a pontificar sobre transparencia, como lo hacen cuando salen a pedir votos.

La narcopolítica es una realidad preocupante en nuestro país. Cada vez más personas cercanas o directamente ligadas a grupos criminales se postulan en los cargos electivos y, para peor, de nuestro país, son los que siempre ganan las elecciones “a platazo”.

El caso de Ulises Quintana es más que ejemplificador, pues pese a que insiste en su inocencia, el hecho de que se paseaba en la camioneta de un presunto narcotraficante conocido en toda la ciudad nos da la pauta de su falta de delicadeza, cuando menos.

El abogado de Quintana dijo que ni el propio presidente de la República, Mario Abdo Benítez, informó cómo financió su campaña en las elecciones pasadas. De hecho, tiene toda la razón en cuanto a la falta de transparencia por parte del mandatario, pero no puede ser tomada como excusa o justificativo para incurrir en la misma irregularidad.

La Ley del Financiamiento Político es una herramienta que puede resultar muy útil para echar un poco de luz sobre el uso de dinero y su origen en las campañas. Es por eso la urgencia de la puesta en vigencia de esta norma. No podemos seguir permitiendo, como país, que el crimen organizado siga mimetizándose en las instituciones del Estado, candidatando a miembros de su organización.

Si realmente Paraguay quiere superar la evaluación del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), para no ingresar en la lista gris del ente, se deben poner en marcha acciones tan básicas como el esclarecimiento de las financiaciones de campañas políticas. Se debe impedir que más grupos criminales sigan utilizando la política para llegar al poder, pues mediante esto consiguen impunidad y fortalecen sus tentáculos.

Este afán de no ingresar a la lista gris es más que oportuna para impulsar desde todos los sectores un mayor control sobre la narcopolítica, la corrupción y  la  impunidad que campea en las diversas instituciones estatales.

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