Lavado de dinero

La evaluación de Paraguay por parte de Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) está generando una gran inquietud. Es que si resulta que nuestro país no es efectivo en la lucha contra el lavado de dinero y el terrorismo es probable que ingrese a la temida lista gris, lo que significaría una pésima imagen internacional, pues afectaría enormemente a las inversiones y, por ende, a la economía del país.

El objetivo del GAFI es fijar estándares y promover la “implementación efectiva de medidas legales, regulatorias y operativas para combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, y otras amenazas a la integridad del sistema financiero internacional”. En esta ocasión observarán la efectividad de la legislación y las instituciones paraguayas en el combate contra los delitos financieros, contrabando o corrupción.

En ese contexto, el Ejecutivo había presentado ante el Congreso, 12 proyectos de ley en noviembre pasado que serán estudiados este mes, pues hoy se retoman las actividades tras el largo receso parlamentario. Lastimosamente, nuestras autoridades se preocupan y se ocupan de este tema solo en vísperas de las evaluaciones. Desde hace mucho tiempo que otros organismos y analistas internacionales advierten que el país y principalmente la región que conforma la Triple Frontera reúne todos los requisitos para operaciones terroristas y el crimen organizado.

Paraguay es el menos preocupado en este asunto, pues en Brasil y Argentina se realizan contantes operaciones, trabajos interinstitucionales e investigaciones para hacer frente a este flagelo. Incluso están hablando de combates alternativos para sacar de la criminalidad a los jóvenes que terminan reclutados por los grupos criminales ante la falta de mejores oportunidades laborales y de estudio.

No servirá de nada que el país se llene de las mejores normas si no se fomenta su cumplimiento. Nuestro principal problema es la falta de cumplimento de esas normas y ahí cumplen un papel fundamental los jueces y fiscales, quienes son los que finalmente son los administradores de justicia. Igualmente, alcanza a otras instituciones encargadas de controlar las operaciones de bancos y empresas, pues se demostró en varias ocasiones que las entidades bancarias no cumplen con los protocolos para alertar de las operaciones sospechosas.

El resultado de esta falta de control es el fortalecimiento de los grupos criminales, que cada vez más están ganando terrenos, sobre todo en las zonas de frontera. Más allá de la temida lista gris del GAFI, lo que el país necesita es implementar acciones que le permitan el combate efectivo de la criminalidad, antes de que sea demasiado tarde para el futuro de nuestra nación.

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