Una bomba de tiempo

No es un secreto para nadie que el problema de tierra para cultivar y la falta de acceso a la vivienda propia en el Paraguay constituyen una verdadera bomba de tiempo. Los desalojos en asentamientos urbanos y en propiedades rurales tienen un largo historial de violencia.

Esta semana, dos conflictos han desencadenado nuevamente lamentables hechos. El martes pasado, en el Km. 9, Monday, de Ciudad del Este, cuatro policías y varios manifestantes resultaron heridos en un enfrentamiento, durante un procedimiento de desalojo. Los presuntos sintechos, incitados por agitadores, atacaron con piedras, balines y palos a los uniformados. En otro episodio similar, y aun más grave, ocurrido el miércoles último, en Luque, otros cinco policías también fueron atacados y lesionados. Uno de ellos incluso perdió uno de los ojos a causa de un disparo. Estos casos recientes se suman a la larga lista de tragedia en torno al conflicto de tierra en nuestro país.

Por un lado, la Policía Nacional ha demostrado reiteradamente que no tiene la capacidad de abordar estos conflictos, o los agentes terminan sobrepasados, o ellos se exceden en el uso de la fuerza. No está preparada para actuar con eficacia, y siempre se repiten las mismas negligencias. Por otro lado, es innegable que las ocupaciones ilegales de propiedades privadas son alentadas y propiciadas por los grupos políticos o vividores que engañan a la gente con la promesa de casa propia, sin importarles el peligro al que exponen a la gente inocente.

También el sistema de justicia tiene un alto grado de responsabilidad sobre este flagelo que se ha convertido en un grave problema social. Al ser permisivo con los invasores de propiedades privadas, lo que hace es alentar a que más persona recurran a este método violento para acceder a una tierra propia o a una vivienda. Sin desconocer el drama de muchas familias que necesitan de una vivienda digna o de labriegos que necesitan tierras para trabajar, es innegable que las invasiones de propiedades, tanto urbanas como rurales, se han convertido en un verdadero negocio, para avivados, políticos sinvergüenzas, que alientan esta ilegalidad. A esto se suma una justicia corrupta y sumisa a los intereses políticos, lo que hace que el problema sea una verdadera caja de Pandora.

Se necesita una política de Estado que garantice el acceso a la tierra tanto para la producción agrícola como para los asentamientos urbanos. El hecho de que la Constitución garantice el acceso a la tierra y a la vivienda no autoriza a las invasiones de propiedades privadas, que esa misma Constitución garantiza para cada ciudadano. Si no se plantea una solución integral a este problema, seguirán las invasiones, y los problemas sociales irán acrecentándose, con el consecuente peligro que ello representa para la sociedad por el aumento de la violencia.

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