La punta del iceberg

Con la nueva imputación contra el senador Javier Zacarías lrún (ANR, Cartista) se reveló detalles de cómo se manejaban los recursos de la Municipalidad de Ciudad del Este, específicamente en el rubro de publicidad y propaganda. Según la investigación, el hoy senador y esposo de la exintendente, Sandra McLeod de Zacarías (imputada y destituida por corrupción) utilizaba el dinero público del citado rubro para pagar a periodistas y dueños de medios de comunicación para alabar a él, su esposa y todo su entorno familiar.

Cada año se destinan casi G. 2.000 millones de los recursos de la comuna esteña supuestamente para las promociones institucionales pero al final se utilizaba para promocionar a la familia Zacarías. Se gastaba ese dinero desde para cumplir caprichos de uno de los hijos de la pareja, a quien crearon un programa de televisión, hasta en las campañas electorales de los mismos y otros candidatos del entorno. Con este dinero engañaban a la gente, llenando espacios de TV, radio y diarios con informaciones referentes a sus supuestas buenas obras.

Si la familia Zacarías manejaba de esta manera, este rubro, uno de los menos trascendente y que manejaba un menor caudal presupuestario, cómo se habrán manejados los de mayor presupuesto como obras, merienda y almuerzo escolar, entre otros. Está de más decir que se debe seguir indagando en todas la dependencias de la comuna para saber en qué y cómo se usó el dinero público, en las últimas dos décadas.

Esto explica la obstinación que tenían los Zacarías para oponerse férreamente a las auditorías de la Contraloría General de la República y las artimañas a las cuáles recurrieron para evitar, a toda costa, la intervención municipal.

La familia Zacarías ostentó durante todo este tiempo un poder omnímodo, sometiendo a todas las instituciones. Era un secreto a voces, que el dinero de la publicidad era utilizado para acallar a medios y periodistas y que los obsecuentes a la familias eran privilegiados con millonarios contratos. Hoy con las revelaciones de uno de los funcionarios se comprueba cómo se manejaban los recursos municipales.

La imputación y el pedido de prisión no debe ser ninguna cortina de humo para seguir indagando a profundidad en otras áreas de la municipalidad. Tantos años de complacencia y complicidad de diferentes sectores de la sociedad deben ser sacados a la luz públicas y aquellos que dilapidaron los recursos municipales, deben responder ante la justicia.

Está en manos del Ministerio Público y el Poder Judicial seguir revelando y aclarando de hasta dónde se llegó con mal uso del dinero público. Que sirva de ejemplo y nunca más se permitan las barbaridades que se cometieron en el municipio esteño.

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