Seguridad interna

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La debilidad de la seguridad interna del país es un problema de larga data y, a la vez, una deuda histórica de nuestros gobernantes. Pasaron varios presidentes, y la situación no mejora. Es más, cada vez es peor, y empiezan a registrarse peligrosas consecuencias como la justicia por propias manos.
En la Zona Norte del país surgió un grupo autodenominado “Justicieros de la frontera”, cuyos miembros se adjudican ataques e incluso asesinatos contra presuntos delincuentes de la zona.
La aparición de estos grupos no es otra cosa que el reflejo de la ausencia del Estado en cuanto a la seguridad interna del país. La ciudadanía está a merced de los delincuentes; todos los días se reportan víctimas de asaltantes, clonadores de tarjetas bancarias, asesinos, entre otros.

Mientras tanto, la Policía Nacional debe enfrentar una serie de dificultades para cumplir con su tarea de “proteger la vida, la integridad, la seguridad y la libertad de las personas y entidades y de sus bienes”, entre otras funciones.
Solo en Alto Paraná, más del 80% de los establecimientos policiales se encuentran en pésimas condiciones.
La mayoría de las sedes están con 40 o más años de construcción y requieren de reparaciones, con urgencia. A eso hay que agregar que no tienen patrulleras, combustibles ni alimentación suficiente. Trabajar en medio de estas precariedades, de por sí, representa una gran dificultad.
El negro panorama se completa con la corrupción imperante. Agentes al servicio de la mafia que obstruyen las tareas de sus camaradas y, llamativamente, permanecen en sus cargos en vez de ser dados de baja. Las perspectivas no son nada alentadoras, pues el ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor, no ha dado señales de que mejorará la situación de la Policía Nacional. Está más ocupado haciendo de vocero del presidente de la República, Mario Abdo Benítez, y en opinar sobre cuestiones políticas, en vez de ocuparse de la institución.
La aparición de grupos que hacen justicia por propias manos debe ser una señal de alerta de que el Estado está dejando campo libre para que esto ocurra, al no cumplir con su papel de dar protección a la ciudadanía.
Se deben tomar acciones antes de que sea demasiado tarde, pues al parecer nuestras autoridades no dimensionan las nefastas consecuencias de un Estado ausente. La seguridad interna del país urge una atención especial; la Policía Nacional debe ser dotada de las herramientas necesarias, y se debe sanear la institución de los agentes corruptos.

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