Acuerdo de impunidad

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Mientras el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, insta a las autoridades a trabajar más contra el lavado de dinero y el crimen organizado, en el Congreso Nacional se pactaban grandes acuerdos a favor de la impunidad.

El crimen organizado al que hace alusión Pompeo y que genera preocupación a su país no es solo con relación a los grupos de grandes asaltantes y lavadores de dinero que operan principalmente en las zonas fronterizas del país, sino se refiere además a los padrinos políticos de estas organizaciones, cuyos tentáculos llegan hasta el más alto cargo en el país, quienes finalmente son los que brindan el blindaje, la impunidad y la protección a los delincuentes, porque estos son los grandes financistas para las campañas políticas.

Más allá de la sinceridad que pueden tener las promesas de luchar contra la criminalidad que se hizo ante el visitante, lo cierto es que los últimos acontecimientos en el Congreso Nacional demuestran totalmente lo contrario.
La semana pasada parlamentarios de diversos partidos y movimientos políticos acordaron la impunidad de graves hechos. Entre los acuerdos más resaltantes figuran la elección del nuevo ministro de la Corte Suprema de Justicia, pese a una serie de cuestionamientos de los ternados; el archivo del proyecto de ley que buscaba eliminar el Parlasur; la postergación de la interpelación al ministro de Educación, Eduardo Petta, que demostró total inoperancia para hacerse cargo del Ministerio de Educación, entre otros asuntos.
Además están pendientes importantes tratamientos como el juicio político al contralor, Enrique García, y al ministro de la Corte Suprema de Justicia César Garay. Igualmente, están en estudio de aprobación los paquetes de leyes tributarias y antilavado de dinero, entre otros, y unos cuantos parlamentarios que están en la mira de la justicia.

Este nuevo acuerdo entre políticos genera un negro pronóstico para el futuro de nuestro país, principalmente en lo que respecta a la lucha contra la impunidad y la corrupción, contra las cuales se está luchando desde hace años. Lastimosamente, una vez más prevalecieron los intereses particulares de los políticos sobre los intereses de la patria en busca de más transparencia. Con estos hechos se demuestra que las acciones para no ingresar a la temida lista gris no son más que una farsa, pues lo que realmente hacen es empeorar la imagen del país con estos acuerdos.

Es un total retroceso en cuanto a la lucha por un país más confiable y manda al tacho toda la lucha ciudadana por hacer cumplir la Constitución Nacional y las leyes. Si se deja pasar este nuevo acuerdo a la impunidad estaremos sellando un pacto de complicidad para seguir permitiendo que los políticos inescrupulosos sigan usando al país para sus fines particulares en detrimento de la ciudadanía en general.

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