Justicia y narcopolítica

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El diputado Ulises Quintana ha sido reincorporado a la Cámara de Diputados la semana pasada para sorpresas de todos. Antes mismo de que su causa quede firme y ejecutoriada, el mismo ya participó de la última sesión de la cámara sin el más mínimo rubor, tomando decisiones y votando sobres cuestiones de gran importancia para el país.

Este legislador que recorría el país en una lujosa camioneta perteneciente a un sindicado como uno de los mayores narcotraficantes del país, a pesar de estar imputado por delitos como tráfico de drogas en carácter de cómplice, asociación criminal, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero por la agente fiscal Lorena Ledesma, fue beneficiado por la jueza Magdalena Narváez con una libertad ambulatoria bajo tibias argumentaciones que llamó la atención de todo el mundo jurídico.

La Ley Nº 4431/11, que modifica el art. 245 del Código Procesal Penal, expresa que no se podrá modificar la prisión preventiva ¨cuando el sindicado esté imputado en otras causas cuya expectativa de pena sea superior a cinco años de privación de libertad¨. En este caso en particular, hablamos de una pena estimada entre diez a veinticinco años de prisión.

Da a suponer, que este diputado altoparanaense, mimado por el movimiento político añetete de Mario Abdo, sigue usando sus influencias de manera a torcer las instituciones a su favor. Anteriormente, Quintana ha había logrado un especial permiso por parte del parlamento para ingresar a la cárcel en un hecho insólito. Al respecto, claramente el art. 199 de la Constitución Nacional prevé esta acción exclusivamente para legisladores nombrados a cargos ministeriales o diplomáticos, con la posibilidad de volver al puesto una vez culminado sus funciones.

A todo esto podemos sumar las declaraciones del vicepresidente de la República Hugo Velázquez, que en una abierta intromisión en otro poder del estado, dijo que ¨es correcta la interpretación de la jueza¨, aunque hasta la propia magistrada admite que pudo haberse equivocado.

La independencia de los poderes del estado en el Paraguay es una gran mentira, los políticos de turno tienen a la Justicia en sus manos y lo utilizan a diestra y siniestra para consolidar sus fechorías. Este es solo un alevoso ejemplo más de cómo que día a día juegan con el presente y futuro de la nación.

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