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Leyes a la ligera

Leyes a la ligera

En el seno del Senado se va gestando por la bancada del Frente Guasu el borrador del proyecto de ley de “alquileres para la vivienda”, que propone la reglamentación del artículo 100 de la Constitución Nacional “del derecho a la vivienda” de tal manera a dotar al Estado de diversas atribuciones para regular el precio de los alquileres bajo el pretexto de evitar supuestas “discriminaciones”. Aunque esto pareciera poco, el proyecto plantea crear una nueva institución pública, prevé nuevos impuestos, propone subsidios y hasta pretende expropiar bienes del Instituto de Previsión Social.

Semejante atrevimiento solo puede venir por parte de un grupo de legisladores incompetentes en interpretar la incapacidad del estado para cumplir de manera eficientemente cualquier tipo de control.

Acaso estos supuestos representantes públicos desconocen que cualquier tipo de control que ofrece el estado siempre es ineficiente. Por ejemplo, todos los estamentos públicos disponen de costosas dependencias para servicios de auditoría y control; sin embargo, jamás hemos oído ni siquiera un caso por la cual algún funcionario público haya sido investigado, imputado o procesado por algún hecho ilícito. Todos los sonados casos descubiertos de corrupción que saturan nuestro día a día provienen de la prensa o de la propia ciudadanía y nada por parte de los famosos sistemas de “control estatal”.

Lo que debemos de interpretar con este tipo de hechos es el eterno deseo del estado en inmiscuirse en cualquier ámbito de la sociedad con tal de aumentar su cuota de poder. Y esto hace poco lo hemos vivido con la Ley de la Reforma Tributaria y la Ley del Salario Mínimo a Empleadas Domésticas.

Es evidente que este tipo de propuesta lo que hace es desvirtuar los sensibles mecanismos económicos que se efectúan de manera espontánea en la sociedad bajo las leyes de la oferta y la demanda y peor aún, sirve para justificar la creación de más reparticiones públicas, más funcionarios, más vehículos, más equipo y más insumos para desembocar en la indefectible obligación de aumentar el ya abultado presupuesto público.

Estos senadores que prácticamente no trabajan a pesar de los jugosos salarios que reciben, debería de parar de hacer crecer al estado y dedicarse a legislar para hacer funcionar las instituciones que sí requerimos los ciudadanos.

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