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Fonacide, un fracaso

Fonacide, un fracaso

Luego de varias negociaciones entre el Brasil y el Paraguay, a mediados del año 2012 nuestro país logró una importante compensación económica con relación a algunas asimetrías que conciernen al justo usufructo de la energía producida por la entidad binacional Itaipú.

Bajo este contexto, el gobierno nacional creó el Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide) y el Fondo para la Excelencia de la Educación y la Investigación que pasa a regirse bajo la Ley 4758. La misma estipula inicialmente la correcta administración y aplicación de los recursos provenientes de la Itaipú en el concepto de la citada Ley que ronda estimativamente ya hasta la fecha unos US$ 2.400 millones de dólares y se encuentran repartidas en áreas de gran importancia para el país como la educación, la salud y obras de infraestructura.
Específicamente es en el área de la educación que esta ley recibe las principales críticas debido a una lluvia de denuncias desde todos los puntos del país con respecto a su ejecución presupuestaria tanto sea en materia de construcciones edilicias, como así también en el servicio de provisión de almuerzo escolar a nuestros niños y niñas.
Estos recursos que se han destinado en teoría para su “mejor administración” a Gobernaciones y Municipios han permitido un libertinaje económicos para una gran parte de nuestras autoridades y falsos empresarios que con base en sobrefacturaciones, servicios de mala calidad o simplemente no ejecutando los contratos, solo han incrementado sus patrimonios de manera exorbitante a costillas de nuestra gente más humilde y necesitada.
Es una aberración ética y moral la malversación de unos fondos que fueron creados pensando en el bienestar educativo de los niños de nuestro país y que para este año 2019 ya llega a totalizar una inversión aproximada de uno US$ 611 millones de dólares desde su implementación.
Cualquier entendido del asunto sabrá que con esta cantidad de dinero, mucho ya se pudo haber paliado el histórico retraso que tenemos en una ámbito tan sensible como el educativo.
Nuestros intendentes y gobernadores en complicidad con otros órganos de control del Estado son los principales culpables de que tanta inversión no esté siendo palpable para los ciudadanos. La debilidad institucional es una realidad que solo puede ser paliada con la fuerte e insistente colaboración de la comunidad educativa y un sistema de justicia que verdaderamente procese y condene a los miserables bandidos de la educación que arriesgan todo nuestro futuro como país.

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