Llamativa actuación de jueza de CDE en un caso de millonaria estafa

La jueza civil Gabriela Meaurio Samudio adoptó llamativas decisiones en un juicio de convocatoria de acreedores para beneficiar a dos acusados por estafa que supera el millón de dólares en la quiebra fraudulenta de una empresa.

En 2015 los responsables de la firma agrícola Buen Futuro SA Spartagus Wanderlei Lordani y Flavio Pereira Soares (fallecido) iniciaron un juicio de convocatoria de acreedores ante el juzgado civil del primer turno de Ciudad del Este, en ese entonces a cargo de Máxima Meza.

Los directivos de Buen Futuro SA presentaron ante el juzgado una lista sin incluir a todos los interesados y en plena marcha del juicio acordaron pagar la deuda a un solo acreedor por 4.656.987: a la firma Tecnomyl, presidida por José Marcos Sarabia.

El acuerdo fue el 10 de mayo de 2015, ante la escribana Alicia Ibarra, en el que los directivos Buen Futuro SA entregaron 29 inmuebles para saldar la deuda con Tecnomyl SA. Sin embargo, según una investigación fiscal, esa transacción fue fraudulenta, ya que los bienes transferidos superan ampliamente el monto adeudado y fue efectuado para estafar a otros acreedores.

El 23 de abril pasado, la agente síndica Carolina Monges Orello en su dictamen declaró ilegal y fraudulenta la transacción entre Buen Futuro SA y Tecnomyl y aconsejó al juzgado declarar la ineficacia del acuerdo entre ambas empresas.

El 28 de junio pasado, la jueza Meaurio Samudio dictó una resolución para resolver el pleito. Sin embargo, once días después revocó su propia decisión para solicitar el parecer del Ministerio Público. Pero el pedido del dictamen fiscal podría haber impulsado en la misma fecha que al de la síndica: el 20 de febrero pasado.

Con la maniobra Meaurio se convirtió en una jueza “chicanera” para dilatar la resolución para declaración de la quiebra fraudulenta de Buen Futuro SA, en perjuicio de unos 100 colonos de la zona norte de Alto Paraná.

La jueza también ignoró el pedido de los afectados para embargar y prohibir la innovación sobre los inmuebles transferidos fraudulentamente.

Denuncias mutuas
Tras el acuerdo entre Buen Futuro SA y Tecnomyl SA, sus dirigentes se acusaron mutuamente.
Según los directivos de Buen Futuro SA, su exacreedora Tecnomyl le debía una diferencia de 2.500.000 dólares por la transferencia de los 29 inmuebles. Mientras que Sarabia, de Tecnomyl, denunció a Lordani y a Soares de falsificar los pagarés. Esa situación refuerza la sospecha del fraude.

Fijarán preliminar a imputados
Spartagus Wanderley Lordani, Flavio Pereira Soares (fallecido) y Mirtha Machaín Hoffmann fueron acusados por la Fiscalía por la quiebra fraudulenta de la empresa Buen Futuro SA.

La acusación con pedido elevamiento del caso a juicio oral y público fue presentada por la fiscala Carolina Rosa Gadea.

La jueza penal de Garantías Nº 8 de Ciudad del Este, Nilda Cáceres, fijará fecha para la realización de la audiencia preliminar en la que decidirá si envía o no a los imputados al banquillo de los acusados.

Los directivos de Buen Futuro SA igualmente afrontan otras denuncias similares por el monumental fraude.

Pereira Soares fue asesinado de varios disparos de una pistola, calibre 9 milímetros, en el barrio Jardín Alice, de la ciudad de Foz de Iguazú (Brasil). Estaba en su camioneta Chevrolet en el momento en que fue atacado a tiros. La víctima falleció de manera inmediata en el lugar.

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