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Caso de exintendente acusado sin juez

Caso de exintendente acusado sin juez

El caso del exintendente de Hernandarias, Mario Castillo González (PLRA), acusado por supuesto desvío de G. 546 millones, se encuentra sin juez debido a una serie de recusaciones de magistrados.

El 25 de setiembre pasado, el fiscal Alfredo Acosta Heyn presentó acusación contra el exintendente liberal por el supuesto ilícito de lesión de confianza y pidió su enjuiciamiento público y oral. Sin embargo, la audiencia preliminar aún no se llevo a cabo por las recusaciones de jueces.
El caso se tramitaba inicialmente en el juzgado penal de Garantías de Hernandarias, a cargo de Silvio Rojas, hasta que el magistrado fue recusado por la defensa del exjefe comunal acusado.
El expediente fue remitido al juzgado penal de Garantías N° 5 de Ciudad del Este, a cargo de Cinthia Garcete Urunaga. La magistrada también fue recusada por el denunciante de la causa, el actual intendente de Hernandarias Rubén Rojas (ANR), quien alegó falta de confianza en la jueza Garcete.
El Tribunal de Apelaciones, integrado por Marta Acosta, Raúl Insaurralde y Mirian Brítez, resolverá las recusaciones y definirá al juez del caso.
El exintendente Castillo fue procesado tras una auditoría de la Contraloría General de la República en la Municipalidad de Hernandarias. El dictamen del ente contralor reveló que Castillo no pagó G. 546.778.233 del aporte jubilatorio a la Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal, pese al descuento compulsivo de salario a los funcionarios.
El informe de la Caja de Jubilaciones también confirma que el exintendente no transfirió los fondos jubilatorios en 2015. Ese mismo año coincidentemente Castillo buscaba sin éxito la reelección.
La falta de transferencia generó una demanda judicial contra la Municipalidad de Hernandarias, impulsada por la Caja de Jubilaciones.
El fiscal Acosta Heyn entregó 25 pruebas que comprometen al exintendente liberal en el desvío de los recursos jubilatorios.
Por el mismo caso el exintendente interino Erico Agüero (PLRA), quien sustituyó a Castillo González, fue imputado. La Fiscalía atribuyó a Agüero el desvío de G. 190.675.851 de los fondos jubilatorios.
La Contraloría también encontró 29 irregularidades en la gestión de Castillo González y Agüero en 2015, que ascienden a G. 6.760 millones.
Tanto Agüero como Castillo se declararon de víctimas de “persecución política” y desacreditaron la acusación fiscal.

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