Ciudad del Este puede tener un caos jurídico con el pedido de mensura

Ciudad del Este puede tener un caos jurídico con el pedido de mensura

Miguel Prieto, intendente de Ciudad del Este, tomó la decisión de pedir la mensura judicial de dos fincas que ya no existen: 66 y 13.741. Esta medida pone en peligro 6.000 propiedades en la zona de mayor crecimiento de la ciudad.

El 18 de noviembre último, el intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, promulgó la resolución de la Junta Municipal que dispone la mensura judicial de las fincas números 66 y 13.741.

Las fincas mencionadas abarcaban tres barrios: Pablo Rojas, Che la Reina y Don Bosco, lado Acaray.

En este sector se encuentran localizadas alrededor de seis mil propiedades privadas; el área se extiende en una franja que toma rumbo a Hernandarias, con dirección al puente Costa Cavalcanti.

La Municipalidad de Ciudad del Este no tiene prerrogativas legales para solicitar la mensura judicial de seis mil propiedades privadas.

Sin embargo, el intendente Miguel Prieto y la Junta Municipal utilizan la Ley 35/90 que expropia las fincas 66 y 13.741 en favor del municipio esteño para fundamentar el pedido de mensura judicial.

La Ley 35/90 fue sancionada el 6 de setiembre de 1990 e inmediatamente promulgada por el titular del Poder Ejecutivo, Gral. Andrés Rodríguez.

Una expropiación ilegal e irregular

La finca 66 tenía como propietarios a Tomás Rafael Salomoni, José Sardi Resk, Micaela Resk de Sardi, José María Bergotini, Lorenzo Juan Carlos Joy, Antonio Recalde Ledesma, Raúl Ignacio Brítez Britos, Felipe Salinas y Élida Paredes Barrios. La finca tenía 605 hectáreas.

La finca 13.741 figuraba a nombre de José Bittar, quién aparecía como dueño de 150 hectáreas.

En concepto de indemnización por la expropiación de 755 hectáreas, los propietarios recibieron un total de G. 40.000 millones. Este monto, en el año 1990, era igual a 38 millones de dólares. La cotización en aquel entonces era de 1.053 guaraníes por cada dólar.

La finca 66 era propiedad de la empresa “La bananera paraguaya SA”.

Las personas que figuran como propietarias de la finca 66 son todas accionistas de “La bananera paraguaya”.

Bajo ningún punto de vista esta empresa podía ser beneficiada con tierras del Estado paraguayo dado que la legislación agraria prohibía que una sociedad anónima pudiera ser beneficiaria de la reforma agraria.

La expropiación de la finca 66 no incluía su localización geográfica y se limitaba a ordenar la desafectación, incluyendo el listado de beneficiarios con la indemnización.

El Congreso Nacional cometió el despropósito de expropiar tierras que pertenecían al Estado paraguayo y que en realidad fueron otorgadas a otros beneficiarios.

En el año 2008, la entonces intendenta Sandra McLeod inscribe la ley de expropiación en favor de la Municipalidad de Ciudad del Este, pero desiste de la intención de realizar una mensura judicial.

Los barrios Pablo Rojas, Che la Reina y Don Bosco estaban siendo loteados. Buena parte de ellos ya estaban siendo titulados y otros seguían el proceso de cancelación con el pago de cuotas y obviamente la posesión de los lotes.

Propiedades en peligro

La decisión del intendente Miguel Prieto y la Junta Municipal de solicitar una mensura judicial pone en peligro seis mil títulos de propiedad.

La totalidad de lo que fueron las fincas 66 y 13.741 se convirtieron en seis mil propiedades menores, cada una de ellos con sus respectivos propietarios. Ninguna de las dos fincas ya existen.

La Municipalidad de Ciudad del Este perdió todo derecho que eventualmente pudiera haber otorgado la expropiación a través de la ley 35/90; fue el mismo municipio quién autorizó el proceso de loteamiento.

Resulta un despropósito absoluto la posibilidad de reclamar derechos cuando pasaron 29 años de la promulgación de una ley que para colmo tenía graves vicios de fondo y de forma.

En el año 2008, Sandra McLeod promulgó la resolución Nº 30 que aprueba loteamientos y reconoce los títulos de propiedad y los derechos de posesión.

Ahora, Miguel Prieto anula la resolución de McLeod y pide una mensura judicial de fincas que ya no existen. Esto implica un caos jurídico en puertas.

Comuna aprobó los loteamientos

La ley orgánica municipal establece que los municipios tienen facultad para autorizar loteamientos privados.

En el caso de las fincas 66 y 13.741, pasaron 29 años de la ley de expropiación con sucesivas aprobaciones de loteamientos por parte del municipio esteño.

La administración de Miguel Prieto pretende llevar 29 años atrás una mensura judicial sobre propiedades que ya fueron tituladas y están con plena posesión de sus beneficiarios.

El municipio no puede solicitar la anulación de 6.000 títulos de propiedad y luego reclamar una posesión. El intendente esteño, Miguel Prieto, plantea una situación caótica.

Fuente: ABC Color.

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