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Fiscalía imputa a la dirigente colorada Aida Molinas por perturbación de la paz pública

· 2 min de lectura · Redacción

El fiscal Marcelo Saldivar imputó el lunes por perturbación de la paz pública a Aida Luz Molinas Ramírez, seccionalera y dirigente colorada cercana a la familia McLeod-Zacarías. Según la Fiscalía, la mujer lideró a un grupo de manifestantes que se enfrentó con otro sector el martes de la semana anterior. De confirmarse los hechos, la imputada se expone a hasta cinco años de cárcel.

El Ministerio Público sostiene que hay elementos suficientes para sospechar del hecho y de la participación de Molinas. De acuerdo con los datos reunidos, la imputada habría instigado a un grupo a atropellar a otro grupo rival mientras se desarrollaba una movilización dentro del predio de la Junta Municipal. El periodista Nelson Zapata registró en video el momento en que ella ingresó al sector contrario.

Según la investigación, Molinas intentó quitarle el celular al periodista y, al no conseguirlo, pidió a otras personas que lo agredieran. En un nuevo intento por arrebatarle el teléfono, Zapata fue derribado y recibió golpes de puño y patadas. Sufrió lesiones en la cabeza, las costillas y las piernas, y continuaba en tratamiento médico.

Mediante el acta de imputación N° 40, presentada ante Teresita Cazal Sanabria, jueza penal de garantías, el representante del Ministerio Público solicitó medidas alternativas a la prisión: fijar domicilio y avisar si lo cambia, presentarse periódicamente ante el juzgado, ofrecer una caución real y personal y no salir del país. Saldivar pidió un plazo de cuatro meses para la investigación. La decisión sobre esas medidas quedó en manos de la jueza Cazal.

Denuncias anteriores

No era la primera vez que Molinas enfrentaba denuncias por supuestamente incitar a la violencia en concentraciones públicas. Una ciudadana, Sandra Casco, la había denunciado por coacción grave, asociación criminal y tortura, y el excandidato a concejal Jorge Brítez también la acusó de agresión.

El episodio previo más reciente ocurrió en junio, cuando el ministro de Educación, Enrique Riera, realizó una visita. Según los reportes, se apostó frente a la entrada de la escuela de artes y oficios e impidió el paso de concejales que querían mostrar al ministro una merienda escolar de mala calidad, y junto a un grupo agredió a varios presentes. En ninguno de esos casos intervino la Policía.

El artículo 234, que tipifica la perturbación de la paz pública, prevé hasta cinco años de pena privativa de libertad para quien, desde una multitud, cometa junto a otros actos violentos contra personas o cosas, o influya sobre ella para fomentarlos. La pena puede llegar a diez años si el autor porta un arma de fuego u otra arma con intención de usarla, o si incita a un saqueo o participa en él.

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