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Ayer se realizaron varios allanamientos de locales comerciales en Ciudad del Este, en el marco de una investigación por la supuesta comercialización ilegal de armas. Dos propietarios de negocios terminaron detenidos.
Estos allanamientos se realizaron luego de que en Brasil fueran halladas armas y municiones, de distintos calibres, que habrían sido adquiridas en nuestra región. Aquellas incautaciones en territorio brasileño se realizaron en el marco de una batalla frontal que viene llevando adelante el gobierno del país vecino contra el crimen organizado, especialmente, en Río de Janeiro.
Una comitiva de fiscales y policías de Asunción llegó ayer a Ciudad del Este para realizar los allanamientos y efectivamente en dos locales se constataron faltantes de armas, que habrían sido importadas con autorización de la Dirección de Material Bélico, lo que significa que dichas armas fueron comercializadas, pero que no fueron registradas las ventas.
El tráfico de armas es un negocio que mueve millones, y que alimenta a poderosas bandas del crimen organizado a nivel mundial. Los estados desarrollan varias estrategias para el combate a este flagelo, que se constituye en uno de los principales factores para el aumento de la criminalidad y la violencia en la sociedad.
Lo llamativo en este caso es que, una vez más, tienen que llegar fiscales y policías de la capital del país para realizar un procedimiento. Se entiende que estos operativos siempre lo llevan adelante quienes tienen a su cargo la investigación. Pero lo que queremos destacar es la absoluta inutilidad del Ministerio Público a nivel regional para este tipo de investigaciones. De hechos cuando saltaron las publicaciones ningún fiscal especializado de nuestra región tuvo la iniciativa de abrir una carpeta para averiguaciones, dado que involucraba el nombre de Ciudad del Este como punto de salida de las armas.
De hecho, los fiscales especializados para este tipo de temas ya en varias ocasiones fueron sindicados de realizar procedimientos extorsivos, vergonzosamente una práctica muy común entre los agentes de nuestra región.
El hecho de que siempre los procedimientos importantes, en materia de delitos económicos, cuestiones marcarias y sobre tráfico de armas y drogas siempre lo realicen fiscales venidos de Asunción, es un aspecto que llama la atención. En otras palabras, lo que se está diciendo es que los agentes destacados en Alto Paraná, o son ineficientes, no sirven o son corruptos y no son confiables. Si tuviesen un mínimo de dignidad estos agentes deberían renunciar, porque están cobrando dinero de los contribuyentes por un servicio que no prestan. Veremos si la nueva fiscal General del Estado, Sandra Quiñónez, procede a limpiar esta guarida de haraganes y sinvergüenzas, que hace años contamina nuestra sociedad con su grosera corrupción e impunidad.

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