Impunidad

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Según una información publicada por nuestro diario, en un balance presentado por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) se señala que en el año 2017, se registraron alrededor de 570 procesos de compras de las diferentes entidades del Estado, en los que hubo sospechas de corrupción.
Según los funcionarios de dicha institución, en la mayoría de los casos las irregularidades se cometieron en los gobiernos municipales. “La transgresiones más recurrentes se cometieron en contra de los principios y normas de la Ley 2051, que es nuestra normativa principal. Las municipalidades, por ejemplo, no comunicaban sus llamados licitatorios a la DNCP. Realizaban sus llamados, adjudicaban y no comunicaban, lo cual está prohibido. Así nosotros no podemos ejercer ni control previo, ni preventivo sobre lo que el Estado está adquiriendo”, explicó la funcionaria responsable.
La excusa más recurrente de los intendentes es el supuesto desconocimiento de la leyes. No es la primera vez que sucede esto. En nuestro departamento también hubo casos de intendentes que justificaban los malos manejos con el pretexto de que no sabían de los procedimientos, aplicando la popular “ley del ñembotavy”.
No necesariamente los intendentes tienen que ser expertos en materias legales ni administrativas, para ello son autoridades deben contratar personas capacitadas y asesores capacitados para el manejo de los recursos. De un tiempo a esta parte las municipalidades manejan recursos multimillonarios, pero los intendentes siguen creyéndose pequeños emperadores que pueden disponer como propiedad particular de los bienes públicos que administran.
El grave problema del aumento de la corrupción es la impunidad. La mayoría de los casos de corrupción denunciados en las municipalidades, terminan en la nada y los denunciados queda impunes, a veces ocupando cargos de mayor relevancia, a los que acceden gracias al dinero acumulado por la corrupción. Eso explica que diputados y senadores, quienes antes fueron intendentes, concejales o gobernadores, hayan aprobado hace unos días la llamada ley de “autoblindaje”. Los corruptos se hicieron del poder y cada día van creando mejores mecanismos para autoprotegerse y asegurarse la impunidad. Los índices de la corrupción pública disminuirán el día en que los corruptos vayan a la cárcel, mientras sigamos premiando con los votos a los corruptos, no debe sorprendernos que sigan rifando a diario y a placer el dinero de los contribuyentes y formulen leyes para asegurarse la impunidad.

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