¿Investigación o blanqueo?

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Sofía Masi

Existe una serie de elementos que instalan la duda sobre la efectividad de la investigación encarada por la Fiscalía al senador Javier Zacarías Irún y su esposa, la intendente de Ciudad del Este, Sandra McLeod, denunciados por enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y asociación criminal.
En estos días hubo varios allanamientos en Asunción, Lambaré y Ciudad del Este. ¿Se puede esperar alguna imputación después de estos procedimientos? ¿O fue un circo, como dijo el propio Zacarías Irún?
Veamos. Se filtró la información, incluso quedó registrado en una filmación de circuito cerrado cómo se retiraban documentos de las oficinas de las empresas a nombre de Zacarías en Asunción, las mismas que fueron allanadas al día siguiente. El senador tuvo tiempo hasta de pedir permiso para ausentarse en la Cámara Alta. Varios lugares estratégicos no fueron allanados, como por ejemplo su casa de Ciudad del Este. No se permitió el acceso de la prensa a la dependencia allanada en la municipalidad. Consultado sobre la restricción, el fiscal Luis Piñánez respondió: “No me compete, la intendente debe autorizar”. ¿Era un allanamiento o una visita de cortesía?
La fiscal general del Estado estuvo por Ciudad del Este el día del operativo y huyó por detrás del Ministerio Público para no hablar con la prensa.
Otra duda: ¿se puede confiar en la investigación del fiscal Leonardi Guerrero? Es el mismo que pidió la condena de los 11 campesinos acusados por la Masacre de Curuguaty y que después fueron liberados por la Corte Suprema de Justicia. El mismo fiscal que pidió el sobreseimiento provisional de Carlos Heisele, expresidente de la ANDE, imputado por lesión de confianza, por pagar montos millonarios e inflados a dueños de terrenos afectados por la construcción de la línea de 500 kV. Conformaba el primer anillo del fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón (actualmente imputado por enriquecimiento ilícito).
La duda está instalada. Toca a la ciudadanía ser vigilante en todo este proceso investigativo, porque con una fiscalía controlada por el cartismo, podría ser una jugada para blanquear al poderoso clan de la frontera esteña.

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